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A clases, ¿con el cabello teñido y con piercing?

17 abr 2018 / 00:00 H.

Ana quería un cambio radical de look y aunque sus padres no estaban del todo convencidos, finalmente cedieron. Ese fin de semana, la joven, de 16 años, dejó su cabello castaño claro por ese tono azul que tanto deseaba. Pero la alegría le duró poco. Apenas llegó el lunes y entró al colegio, el rector la llamó a su oficina. El pedido era claro: debía cambiar ese color “antinatural” por uno menos llamativo. Tuvo que hacerlo de inmediato, pues temía una sanción.

Su caso consta como ejemplo de lo que un grupo de nueve colectivos ciudadanos considera discriminación y un atentado a los derechos individuales, por lo que a mediados del año pasado presentaron una queja ante la zonal 8 de la Defensoría del Pueblo. Adujeron que en el artículo 21 de la Constitución se establece claramente que las personas tienen derecho a la libertad estética y que los colegios la irrespetan.

Es más, dicen que los códigos de convivencia o reglamentos internos de muchas unidades educativas restringen el desarrollo y expresión de la personalidad de los chicos. Y hacen una lista de las prohibiciones: peinados (cortes y color) y accesorios como aretes, pulseras de hilos, manillas, piercings, además de maquillajes y tatuajes. Si incumplen estas normas, no se permite a los chicos el ingreso a clase y corren el riesgo de perder puntos, denuncian.

La Defensoría aceptó el caso y logró un pronunciamiento del Ministerio de Educación. El pasado 27 de marzo, el ministro Fander Falconí envió una comunicación a los coordinadores zonales indicando que las autoridades educativas deben socializar el código de convivencia aprobado para este periodo lectivo y que en caso de que se requieran cambios, “proceder conforme el consenso y el pedido de sus actores, garantizando los derechos constitucionales...”.

Diana Maldonado, una de las gestoras de la demanda, celebró en redes sociales la norma y comenzó la polémica. Hay quienes como Manuel Villavicencio le escribieron en esas mismas redes que con esta medida “habrá drogadictos por doquier en escuelas y colegios”. Otros, como Javier Calderón, le dijeron que “la ñengosería se va a esparcir como gripe”, o que ahora los chicos irán a clases como les dé la gana. “Se supone que las escuelas y colegios deben educar, no criar vándalos”, tuiteó Santiago Ruiz.

También están los que le mostraron su apoyo. “Verse como quiere alguien verse tiene todo que ver con su identidad personal o colectiva”, opinó @Mr_maquiavelo. “En el último de los casos, el que desee ser drogadicto lo hará así tenga corte militar y piel sin tatuajes ni accesorios”, agregó @EstefParejaF.

El tema abrió la polémica no solo en redes sociales. El gerente de la Academia Altamar, Guillermo Vásquez, dijo a EXPRESO que hay que recordar que la personalidad no solo se forma en casa, sino que también es una labor educativa.

Diana Maldonado dice que hay que tener cuidado y que se mantendrán vigilantes de que las autoridades de los colegios no incumplan con la Constitución. Asegura que no debe consultarse a los padres si están de acuerdo o no con que se permita a los chicos ir a clases con piercings, tatuajes o el cabello teñido, porque la libertad estética es un derecho que consta en la Carta Magna. “No cabría consultar sobre eso porque los derechos no se consultan. Se podría consultar, por ejemplo, acerca del uso del uniforme: cómo utilizarlo, los colores... O sobre qué pasa si el alumno llega atrasado o no cumple con una tarea, cosas que tienen que ver netamente con sus estudios y con su aprendizaje”, resalta.

¿Pero el derecho a la libertad estética que dicta la Constitución aplica para estos casos? El abogado Ernesto Salcedo considera que no. Dice que las libertades civiles pueden ser explotadas por toda persona que está en pleno goce de sus derechos, es decir una vez que son ciudadanos. “A una persona que tiene 18 años nadie le puede impedir que tenga el pelo largo o que se haga un tatuaje; pero si hablamos de un estudiante de colegio, que todavía no es un ciudadano y que, por lo tanto, no goza plenamente de sus derechos, está sujeto a ciertos reglamentos que tienen las escuelas y los colegios”, aclara.

La queja, que ha generado opiniones y lecturas de todo tipo, la presentaron el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías, Grupo Rescate Escolar, Todo Mejor Ecuador, Matrimonio Civil Igualitario, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo Sentimos Diverso, las fundaciones Rescate Animal Ecuador y Jéssica Jaramillo contra la violencia de género, además de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas.

Mientras la polémica se enciende, una nueva audiencia por este caso se espera en la Defensoría del Pueblo para aclarar a los involucrados hasta dónde es posible permitir que los chicos vayan como deseen a los colegios.

Un código en el que todos participan

Según el comunicado del Ministerio de Educación, el código de convivencia debe ser construido por todos los miembros de la comunidad educativa (padres, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo) y debe ajustarse a las necesidades sociales y a los contextos educativos, “sin dejar de lado el reconocimiento de los derechos de todos sus miembros”.

Ese código tiene una vigencia de dos años escolares y debe ser actualizado cuando la comunidad educativa lo crea necesario.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.extra.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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