ACTUALIZADO A LAS
14:14

Su tierra todavía ‘tambalea’

Manabí ·
I
16 abr 2018 / 00:00 H.

La humedad descompone las cañas de la covacha de Johana Cedeño. El olor a podredumbre, que también emana de la tierra mojada, se camufla con el del vapor de un pescado que se fríe sobre una sartén en un rincón de la vivienda.

En una sola habitación ha distribuido la cocina, los dormitorios -que realmente son solo dos colchones-, un sofá, electrodomésticos y cajoneras con su ropa, la de su esposo y sus tres niñas. Ella es parte de una de las aproximadamente 450 familias que, a dos años del terremoto que azotó Manabí y Esmeraldas, aún viven asentadas ilegalmente en Pedernales.

La falta de lugares para alquilar en este cantón manabita, sumado a los elevados precios por este servicio, la empujó a invadir un terreno municipal en el sector Divino Niño.

Allí, más de una decena de familias llegó a vivir irregularmente tras el movimiento de 7,8 en escala de Richter, que destrozó 2.792 edificaciones en esa localidad, de las 5.864 que revisó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) hasta agosto de 2016.

“Esto era puro monte”, recuerda la madre de 30 años, secándose con una toalla el sudor que chorrea por su frente. El sol de este balneario pone al rojo vivo el techo de zinc de la casucha y la acalora más que las hornillas donde asa los plátanos que acompañarán al pescado frito, su almuerzo.

Al menos lo que su esposo gana como mototaxista le ha permitido levantar esa estructura, situación distinta a la que vive su vecina Magaly Cox, de 25 años, y sus parientes. A 731 días de la catástrofe que afectó a más del 50 por ciento de la infraestructura en Pedernales, aún vive en una misma carpa junto a otras 15 personas.

Ellos no pueden ni pensar siquiera en permanecer dentro de las paredes de plástico durante el día. “Aquí nos cocinamos”, salta su cuñada Monserrate Vélez, de 23 años.

Los ojos de Magaly se extravían en el pelambre de Samy, una perrita que le ‘pela los dientes’ a los desconocidos y que ha evitado que se pierda lo poco que les quedó luego del sismo. Relata que llegaron allí porque durante meses buscaron un sitio donde volver a arrendar, luego de que la casa que alquilaban se cayera, pero fue imposible.

“Y si había, los costos se habían duplicado. Nosotros pagábamos 120 dólares y luego del terremoto nos querían cobrar más en un lugar parecido, pero no nos alcanzaba para pagarlo”, indica la joven que se convirtió en madre por segunda ocasión meses después del sismo, cuyo epicentro fue frente a las costas de Pedernales.

Su tierra todavía ‘tambalea’
Magaly Cox mira a su perrita Samy, la cual la resguarda de la delincuencia.

La lluvia: lo peor de vivir en la calle

Los primeros días de abril llegaron secos. No había llovido en este cantón del norte de Manabí y eso aliviaba a los asentados de Divino Niño. Allí, el olor a tierra mojada no representa un placer, sino miedo. Es lo peor de vivir en las invasiones, coinciden los damnificados. “Aquí no tenemos amparo de nadie, solo el amparo de Dios”, reniega Digna Chere mientras se estampa la mano sobre su piel curtida por descabezar camarones bajo el sol.

Trata de matar a un mosquito que dificulta aún más la tarea de esquivar las tablas podridas que atraviesan el piso de su choza. Bajo los tablones hay surcos en la tierra, que ella describe como un río cuando llueve y que se convierten en criaderos de insectos.

Ese terreno desigual y polvoriento no estaba apto para la edificación de casas. “Eran áreas verdes municipales”, explica Verónica Aveiga, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio pedernalino.

Detalla que en los sectores de Nuevo Amanecer, Brisas del Pacífico, Divino Niño, Punta de Mico, Nuevo Pedernales y La Chorrera se han formado asentamientos informales. En el último censo que la institución realizó hace aproximadamente seis o siete meses, aún había 450 familias en invasiones, siendo Brisas del Pacífico la que mayor número tenía.

“Se está disminuyendo la población que está en asentamientos irregulares”, aclara, y anuncia que actualizan estos datos porque el Cabildo prevé regularizar los terrenos por derecho de posesión.

Su tierra todavía ‘tambalea’
Digna Chere y su conviviente Andrés muestran las condiciones en que viven.

Tal sería el caso de Gilberto Chere, hermano de Digna, quien al igual que ella ha ‘remendado’ con lonas su vivienda destruida. Él ha vivido por más de 10 años en el lugar y no tiene escrituras. Arregla el toldo que protege de los mosquitos a sus siete niños y presume que esto es lo que ha dificultado recibir ayuda para la reconstrucción de su hogar.

- “Nosotros alquilábamos”, se repetía entre damnificados que aún no han recibido la ayuda gubernamental y han buscado la forma improvisada de tener un techo, aunque sea de plástico.

Lorena Fernández y su esposo José Mauricio Garzón hasta le han “cogido amor” a su carpa, bromea la colombiana a quien Pedernales la ‘recibió’ con un terremoto.

Tenían cinco años viviendo en Santo Domingo y días antes del 16 de abril de 2016 se mudaron a una casita de alquiler en el cantón manabita. El sismo los dejó tal y como llegaron de Colombia: sin nada.

Dentro de la cubierta azul hay más resignación que los adornos que les ha dejado el reciclaje. Creen que su condición de extranjeros levanta un muro que no deja que la ayuda les llegue. Además, siempre está el miedo de que los echen de allí, aunque según Verónica, la administración municipal entiende su condición de damnificados y no hay fechas para posibles desalojos.

Sin embargo, a dos años de la catástrofe en la que murieron más de 670 personas en el país, lo que aún no se extinguen son las esperanzas. A pesar de la frustración que Katherine Chávez siente por no haber recibido una vivienda aún, al igual que sus compañeros de albergue, no pierde la fe de tener su casa.

Su tierra todavía ‘tambalea’
Johana Cedeño prepara la comida para su esposo e hijas.

Hace dos meses que vive en una bodega, tras no encontrar un sitio de alquiler, pero no ha podido cancelar los 60 dólares mensuales que le representa vivir allí. Hace un mes su esposo pudo comprar la mototaxi que el sismo le destruyó.

“El problema no solo es la falta de alquiler, o que los arriendos estén caros, sino que no hay trabajo”, sentencia la maestra parvularia, que al igual que Johana, en un solo cuarto ha distribuido la cocina y el dormitorio.

La incomodidad es un morador más que la tragedia alojó en su domicilio, precisa Johana, al mismo tiempo que le da vuelta a los verdes asados. El almizcle del pescado se ha impregnado en las cobijas, pero el olor a condimento es lo que menos les preocupa cuando llega la noche.

La fría brisa marina reemplaza al sol abrasador y con ella llega la incertidumbre de cerrar los ojos dentro de paredes endebles. Conciliar el sueño es un lujo que no tienen hace dos años. Han sido 731 días de miedo, o como lo describe Digna, de “dolor y tragedia que nos hace amanecernos de claro en claro”. Porque para aquellas familias, la tierra donde se han levantado sigue tambaleante.

Aún hay 61 familias en zonas de riesgo

Lo que más teme Elba Zambrano, de todas las dificultades que ha pasado por vivir en la calle, es cuando el carro recolector de basura pasa al lado de su carpa. Siente que ese mastodonte se la lleva con todo.

Al igual que ella, otra decena de familias han asentado sus carpas o construido estructuras de caña en la mitad de la calle Pedro Fermín Cevallos, de Bahía de Caráquez.

La casa donde vivía Elba quedó afectada tras el terremoto y la ve tambalear “como una hamaca” con cada réplica. Por eso ha optado por dormir en la calle y usar su morada, que sostiene con cañas, para cocinar y hacer sus necesidades biológicas, pero “muertos de terror” porque teme que en algún momento se caiga.

De acuerdo a Vilma Cruz, trabajadora social del Municipio del cantón Sucre, actualmente hay 61 familias en refugios temporales dentro de zonas de riesgo, en la parroquia Bahía.

Javier Talledo, director del departamento de Planificación de Sucre, informó que el 25 por ciento de los predios afectados por el sismo ha sido demolido. “Hay ciertos predios (en mal estado) que quedaron porque los estudios indicaban que podía hacerse reparación, pero lamentablemente la capacidad económica de la población no está acorde para realizar estos trabajos”, dijo con respecto a las estructuras que en la actualidad aún lucen destruidas y no han sido demolidas.

Viviendas habilitadas en Pedernales

Hasta el pasado 12 de abril, el Miduvi había reparado 814 casas, construido 1.521 en terreno propio y 215 en lotes urbanizados por el Estado.

Se han habilitado 2.551 casas, del total de 4.985 edificaciones afectadas hasta agosto de 2016, difundidas en el Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto de mayo de 2017.

LEE TAMBIÉN
Instagram Diarioextra