El Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó hoy estudiar una demanda del empresariado y grupos cívicos contra una ley de Arizona de 2007 que penaliza a las empresas que a sabiendas contratan a trabajadores indocumentados.
Los nueve magistrados del Tribunal Supremo aceptaron la apelación de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), la Cámara de Comercio y otras organizaciones de un dictamen que había emitido un tribunal federal a favor de la ley, conocida por su sigla en inglés como "LAWA".
La ley en cuestión penaliza a las empresas que contratan a sabiendas a indocumentados y las obliga a participar en el programa federal conocido como "E-Verify", en el que las compañías tienen que verificar el estatus migratorio de los nuevos contratados.
Las empresas que no cumplan con la ley están sujetas a fuertes multas.
La legislación fue promulgada en 2007 por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, que ahora es titular del Departamento de Seguridad Nacional.
En septiembre de 2008, el tribunal de apelaciones del noveno distrito, con sede en San Francisco (California), rechazó la apelación de quienes demandaron a Arizona por la ley LAWA.
En esa ocasión, los demandantes argumentaron que el gobierno estatal se había extralimitado en su autoridad y que sólo el gobierno federal puede hacer cumplir las leyes de inmigración.
Ahora que el Tribunal Supremo ha aceptado estudiar el caso, comenzará a escuchar los argumentos en octubre próximo, cuando comience su nuevo período de sesiones.
LAWA es distinta a la ley SB1070 contra la inmigración ilegal que promulgó la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril pero están vinculadas.
Si la SB1070 entra en vigor a finales del mes próximo, enmendaría y reforzaría la ley LAWA contra las empresas que contraten a los indocumentados.
La SB1070 afronta ya cinco demandas colectivas de grupos que intentan frenarla en los tribunales, entre ellas ACLU. Se prevé que el Departamento de Justicia anuncie, tan pronto como esta semana, si la impugnará en los tribunales.
La máxima corte del país aceptó estudiar el caso en su último día de sesiones y en el último día para el juez John Paul Stevens, de 90 años, quien decidió jubilarse este año.
En paralelo, a unas cuantas cuadras del Tribunal Supremo, el Comité Judicial del Senado de EE.UU. inició hoy el proceso de confirmación de Elena Kagan para sustituir a Stevens en el cargo vitalicio.
Las audiencias se llevarán a cabo a lo largo de cuatro días durante los que Kagan, actual abogada del Gobierno ante el Supremo, deberá someterse a un intenso interrogatorio de 19 senadores sobre su trayectoria profesional y afrontar las críticas de los republicanos sobre su falta de experiencia jurídica.
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