Argentina ratificó hoy su apoyo a México en el reclamo contra la ley anti-inmigrantes del estado de Arizona (EE.UU.) a la que repudió por considerar que puede tener "consecuencias racistas".
"Además del componente discriminatorio y el efecto económico", la ley "podría dar lugar al desarrollo de un prototipo criminal asociado a un estereotipo racial", puntualizó el Gobierno de Cristina Fernández en un comunicado de la Cancillería.
El pasado 14 de julio, Argentina se sumó a México al presentar ante la Corte Federal en Phoenix, capital del estado de Arizona, sus propias objeciones a la entrada en vigor de la norma, que "podría afectar gravemente los derechos humanos y civiles de miles de migrantes en territorio estadounidense", señaló la nota oficial.
En un recurso legal conocido como "Amigo de la Corte" y presentado ante los tribunales, Argentina buscó, al igual que Ecuador, evitar que se aplique la primera ley en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.
"Mediante esta presentación, Argentina afirma su interés sustancial en garantizar el respeto y la protección plena de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria", añadió el comunicado de la Cancillería.
El Gobierno de Fernández recordó además que durante la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizada en mayo pasado, los mandatarios rechazaron la ley y se refirieron "a la preocupación entre los ciudadanos latinoamericanos por sus evidentes consecuencias racistas".
Las peticiones de Ecuador y de Argentina se unieron a una demanda presentada por una coalición de organizaciones nacionales, entre ellos La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y que será debatida en la Corte Federal de Arizona el próximo 22 de julio.
La ley SB1070 de Arizona, promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana Jan Brewer, convierte en delito menor la presencia ilegal en ese estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
Según cálculos oficiales, en Arizona residen alrededor de 460.000 inmigrantes sin papeles.
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