“Justicia…justicia…abajo Correa fascista”, fueron los gritos de los seguidores del MPD, que en un número que superaba los trescientos, estuvieron ayer en los bajos de la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, arengando para que no se sancione a los detenidos en el cantón La Concordia.
Decenas de policías custodiaron ayer el ingreso al recinto de justicia, y cerraron el tráfico dos cuadras a la redonda.
La audiencia de estrado demoró dos horas, los abogados Ramiro Román, Omar Mina (Defensor Público) y Estuardo Quiñónez coincidieron en precisar que el proceso de detención de la concejala Rosaura Bastidas Valencia (MPD) y los ciudadanos Carlos Israel Alcívar Castañeda, Carlos Javier Santana Pincay, Wilder Manuel Casanova Polanco y Byron Stalin Rojas Zapater es ilegal y atentatorio, porque se han violado los derechos humanos y la Constitución.
Detenciones ilegales
“En el proceso vamos a demostrar la ilegalidad de las detenciones de los antes mencionados ciudadanos”, dijo Ramiro Román.
“El parte policial dice que fueron detenidos por escándalo público y ahora resulta que son terroristas. Señores jueces, no puedo permitir que este tipo de arbitrariedades se den en mi país. No hay imparcialidad, la Policía depende del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía del Procurador General del Estado, es decir, del Ejecutivo. Los jueces no han nacido del Ejecutivo, se aspira a que actúen apegados al Derecho, pero en este país ocurre lo contrario, es decir, no actúan a favor de los que necesitan ser juzgados bajo la ley y el Derecho”, explicó Román.
Violación a DD.HH.
“Aquí hay una violación constitucional, derecho a la legítima defensa. La concejala Rosaura Bastidas fue llevada a Santo Domingo, luego se la presenta a una audiencia en Quinindé. Todo carece de veracidad jurídica, mi actuación es por la violación a los Derechos Humanos de los detenidos y porque la ley me lo permite”, expresó el defensor público, Omar Mina.
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