Los sindicatos que agrupan a los empleados de la administración pública de Sudáfrica suspendieron hoy durante 21 días la huelga por mejoras salariales declarada el pasado 18 de agosto a fin de consultar con los trabajadores las últimas ofertas del Gobierno.
Portavoces del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Salud, los sectores más afectados por la huelga, recalcaron que la misma ha sido "sólo suspendida" a fin de recabar la opinión de los trabajadores con vistas a levantarla definitivamente si se llega a una "resolución satisfactoria".
La Confederación de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU) solicitó inicialmente en nombre de sus afiliados un aumento del 8,6 por ciento en los salarios y un subsidio mensual para vivienda de 1.000 rands (110 euros), a lo que el Gobierno surafricano respondió con una oferta del 7 por ciento de aumento y 700 Rand en asistencia inmobiliaria.
Tras el rechazo de esa oferta por parte de los trabajadores, que recrudecieron sus manifestaciones callejeras, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, ordenó a los ministros de los sectores afectados reanudar las negociaciones a fin de lograr una rápida resolución del conflicto.
Tras esa ronda de negociaciones, el gobierno ofreció un 7,5 por ciento de aumento y 800 rands en ayuda para la vivienda, propuesta que fue nuevamente rechazada por los funcionarios, lo cual dejó malparado a Zuma y en una encrucijada a los dirigentes sindicales ya que COSATU, junto con el Partido Comunista Sudafricano (SACP), integra la alianza que gobierna Sudáfrica.
Dirigentes de COSATU y del SACP ocupan asimismo cargos de alto nivel en el gubernamental Congreso Nacional Africano (ANC) y fueron los elementos más activos del sector izquierdista que llevó al poder a Zuma tras las elecciones generales de 2009.
Durante la huelga, en la que la Policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar varias manifestaciones, el Gobierno recurrió a la Corte Laboral para que se prohibiera la participación de servicios esenciales como enfermería, electricidad y los funcionarios de prisiones.
Los empleados públicos insisten en sus demandas salariales iniciales y puntualizan que otros sectores de la Administración, han recibido aumentos de hasta el 11 por ciento y rechazan la explicación del gobierno de que tendrá que apelar a una nueva emisión de deuda pública para satisfacer las exigencias de los funcionarios.
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