Llegaron a la plaza San Francisco con carteles y consignas. Al menos 50 dirigentes barriales de la capital se autoconvocaron para exigir más atención de las autoridades. Sobre todo por el aumento de contagios de COVID-19 que suman los 60.760 en Quito, según el último informe del COE Provincial.

Fabiola Arce, presidenta del barrio Pisulí, en el norte de la ciudad, explicó a EXTRA que la atención que han recibido no ha sido completa. “Vinieron a hacernos las pruebas rápidas, pero no hubo seguimiento”, dijo.

De las 100 pruebas que se tomaron, según la dirigente, 20 salieron positivas, pero no supieron si esas personas cumplieron con el aislamiento o recibieron algún tipo de tratamiento.

En sectores como Conocoto, el problema que se ha develado son las aglomeraciones y las ventas informales que se han convertido en focos de infección, según Galo Pinto, dirigente de ese barrio.

“Necesitamos más controles, además no hay cifras accesibles”, reiteró.

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, comentó que el proceso de vacunación durará entre seis y nueve meses y que es posible que un 30% de la población ecuatoriana no reciba la vacuna porque ya se han contagiado.

“Es probable que no la necesiten”, enfatizó.

El Gobierno, además, no impedirá que ninguna entidad importe las vacunas, siempre que estén aprobadas por el ARCSA y el Ministerio de salud.