Un solo disparo acabó con la vida de Bernardo Adolfo Avecillas Pozo. El impacto de bala se realizó desde una motocicleta, en la que se transportaban dos sujetos que instantes antes asaltaron el local de comidas Ranchos, del empresario cuencano. Sucedió el 2 de octubre de 2017, en el sector de Urdesa, al norte de Guayaquil.

Poco más de un mes después, el 17 de noviembre, en la urbe se restringió la circulación de dos hombres en este tipo de vehículo entre las 19:00 y las 04:00, en cumplimiento de la ordenanza municipal aprobada el 26 de octubre de ese año para regular el uso de la motocicleta en el espacio público cantonal.

La medida se implementó para reducir el índice delictivo. La muerte de Avecillas fue la gota que derramó el vaso, como suele decirse. Catorce meses después, ¿qué resultados existen de esa estrategia?

Según la Policía, hubo 1.012 delitos menos cometidos con el uso de motos en 2018 en relación a 2017. La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) registra un aumento de motos retenidas desde el inicio de estos controles.

Las percepciones sobre la medida son variadas. Lo cierto es que el empleo de este medio de transporte vuelve a la discusión. Una multitud de motociclistas obstaculizando el túnel del cerro Santa Ana y la agresión a un conductor en días anteriores, en la avenida Plaza Dañín, alertaron a las autoridades y el pasado jueves la ATM, en conjunto con Policía y Fuerzas Armadas, realizó un operativo.

En las calles Víctor Emilio Estrada y Jiguas, donde sucedió el crimen de Avecillas, sus vecinos todavía sienten temor cuando ven circular por el sitio a motorizados.

La propietaria de una casa aledaña al local comenta que por precaución, cuando está en su domicilio, se encierra. Sin embargo, nota una mejoría en la inseguridad de la zona.

“Sí hay un poco menos de delincuencia, pero todavía existe miedo. Aquí sí ha disminuido la presencia de dos en moto, solamente anda una persona o andan un hombre y una mujer”, dice la señora, quien prefiere no identificarse.

La lugareña refiere que la medida ha sido positiva, aunque considera que para una mejor efectividad deben aumentar las rondas policiales.

El dueño de un negocio, también cercano a Ranchos, tiene otra percepción del asunto. “Eso no tiene que ver. Sea que anden uno o dos en moto, igual ocurren los asaltos”, opina.

Para él, la solución pasa por otra alternativa. Considera que, para reducir la delincuencia, deben endurecerse las penas “y entonces el ‘pillo’ pensará dos veces antes de hacer de las suyas”.

Cambio de horas

La general Tanya Varela, comandante de la Policía en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), explica que la aplicación de la ordenanza ha dejado buenos resultados.

Asegura que la prevención también se enfoca fuera del horario de restricción. “El delito es dinámico, el infractor también genera sus estrategias. Al conocer de esta ordenanza, obviamente que el delito migró y tiene otro rango horario. Nosotros en la madrugada y en la noche ya no teníamos muchos eventos. Controlábamos con la ordenanza y se traslada la temporalidad a cometer los delitos en la mañana, al mediodía o en la tarde”, precisa Varela.

La general enfatiza que, además de la intervención con los agentes, están enfocados en acciones conjuntas con la ATM para evitar que circulen por la ciudad motocicletas sin la documentación respectiva (matrícula y placa).

Que solo rueden las motos regularizadas “es lo único en lo que deben concentrarse las autoridades”, refuta Antonio Torres, presidente de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo, institución que agrupa a 350 federados en el país, de los cuales 200 residen en Guayaquil.

El dirigente cree que limitar el uso del vehículo liviano no soluciona el problema. Todo está en hacer que se cumpla la ley desde las casas de venta, sostiene.

“No deben permitir que las motos salgan del local sin su respectiva documentación, sin su placa”, manifiesta Torres, bajo la consigna de que, en la calle, el que nada debe nada teme y está obligado a presentar la documentación respectiva.

Precisamente en su artículo 3, la ordenanza estipula que quienes comercialicen motocicletas en el Puerto Principal, antes de entregarlas deben certificar que se encuentran “debidamente matriculadas ante la autoridad competente y con la placa de identificación vehicular instalada”.

Torres indica que deben analizarse otras opciones para que no todos los motociclistas ‘entren en el mismo saco’ de quienes sí hacen mal uso de las motos. La Federación está dispuesta a dialogar con las entidades reguladoras para aportar con propuestas, aclara.

Sobre una posible modificación del horario de limitación, Varela informa que ese aspecto se mantendrá como hasta ahora (19:00 - 04:00) porque extender el horario prohibitivo de más de un hombre en moto en el día perjudicará a muchas familias que deben movilizarse para realizar sus actividades cotidianas.

De acuerdo con cifras de la ATM, en Guayaquil hay 127.909 motos matriculadas. En la actualidad, el 77 % de las que están retenidas es por el incumplimiento la ordenanza.

La Policía ha identificado nueve sitios de mayor riesgo para los delitos en ese medio de movilización. La general Varela dice que en esos lugares habrá personal permanentemente para enfrentar novedades.

Sugerencia

Exigir casco con protector transparente requiere reforma

Cuando se cometen crímenes a bordo de motos, en ocasiones los sospechosos suelen usar cascos con protección oscura, lo que impide verles el rostro.

En el artículo 189 del Código Integral Penal, se establece como una sanción de tránsito de cuarta clase la no utilización de un casco de seguridad homologado, que se exige tanto a conductores como ocupantes de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones. La sanción es del 30% del salario básico unificado y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir.

Luis Lalama, general del cuerpo de uniformados de la ATM, indica que el citado artículo no menciona que la visera de protección debe ser transparente. Por lo tanto, según Lalama, ese cambio podría lograrse a través de una reforma al Código Penal.

Por su parte, la general Varela precisa que ya han planteado esta posibilidad, pero no se ha podido concretar. Sin embargo, lo propondrán nuevamente al Ejecutivo a través del gobernador de la provincia.