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Crisis carcelaria: ¡Cuidado con la paz!
Los acuerdos que se hacen con las organizaciones criminales dan paso a la corrupción y no solucionan el problema, según especialista mexicano.
La guerra que estalló entre células de la agrupación narcocriminal Los Choneros, por conseguir el poder, es similar a la acontecida en México a partir de 1989, cuando las facciones del cartel de Guadalajara derivaron en dos grandes grupos que disputaban por la supremacía del tráfico de drogas.
Esa batalla fue el desenlace de la detención de su fundador: el ‘Jefe de jefes’, Miguel Ángel Félix Gallardo. Desde prisión no pudo mantener el control y sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, crearon el cartel de Tijuana, mientras que Héctor Luis Palma Salazar, Adrián Gómez González y Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, dieron luz al cartel de Sinaloa.
Tras centenares de muertes, los de Tijuana perdieron la guerra y tuvieron que aliarse al cartel Jalisco Nueva Generación, que surgió en el transcurso de la historia, al igual que otros, como el del Golfo, uno de los tres más peligrosos de México.
Ecuador está en un punto de quiebre, en el que debe decidir de qué forma resolver la guerra que existe por llegar al liderato de Los Choneros, tras la muerte de su jefe, JL.
En Los Choneros, Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña, logró algo similar a lo de Félix Gallardo: reunió a grupos menores y distribuyó las plazas para ampliar su dominio. Así, pequeñas bandas como Los Tiguerones, Los Lobos, Loqui Choner y Chone Killers, lo veneraban luego de cada acción o decisión.
Cuando se registraban enfrentamientos con sus rivales, Los Lagartos, todos festejaban en nombre de JL y de Los Choneros. Sin embargo, esa unión duró hasta pocos días después del asesinato de Rasquiña, acontecido el pasado 28 de diciembre en un centro comercial de Manta, en la provincia de Manabí.
Trece años estuvo Jorge Luis Zambrano en el mando. Por eso, cuando pereció hubo gritos, llanto y luto dentro de las cárceles. Pero al mismo tiempo algunos planificaban llegar al liderato, pues por sucesión había quedado a cargo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
Voluntad política, de parte del Gobierno, para preparar a las entidades a cargo de investigaciones y protecciones a quienes manejan estos casos de riesgo, es lo que sugiere otro experto consultado.
Es por eso que el 23 de febrero se registró una masacre en los centros de privación de libertad de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Según cifras oficiales, 79 internos fueron asesinados en los disturbios.
Tras las disputas, se conoció que las divisiones en Los Choneros fueron generadas por aliados a Los Tiguerones, liderados por alias Negro Willy; Los Lobos, al mando de Pipo, y los subalternos de Fito y Junior Roldán, apodado JR.
La aparente tranquilidad llegó dos días después de los sucesos, pero solo en los exteriores de los centros, pues internamente los conflictos por definir quién será el nuevo capo se mantendrían.
En la Regional, considerada una de las cárceles más seguras del país, están Fito y JR, separados y con custodia de equipos tácticos de la Policía y agentes del servicio penitenciario, según reveló una fuente.
Ahora se viene el restablecimiento de la paz, pero no es tan sencillo como parecería.
Corrupción
Juan Carlos Montero Bagatella, docente del Tecnológico de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México), en asuntos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, hace una advertencia: “¡cuidado con el momento que estamos viviendo! Porque lo que viene es la paz, pero ¿cómo se va a conseguir?”.
Para el experto, hay dos formas de conseguir la paz: con la profesionalización del Gobierno y de todos sus cuerpos de investigación o por medio de una negociación entre los grupos criminales involucrados en esta guerra.
La última, “una paz basada en la corrupción”, el especialista la considera altamente peligrosa, porque podrían surgir acuerdos que llevarían a la conformación de un “grupo más grande, más fuerte, más poderoso, pero pacífico”, como fue el cartel de Guadalajara en sus primeros años, así las actuales organizaciones criminales que han conseguido acuerdos para movilizar la droga hacia los Estados Unidos.
De acuerdo a Montero Bagatella, ciertos criminales “corrompen a las autoridades para controlar las cárceles. Por ejemplo, para tener internet, celulares, armas, fiestas, cualquier tipo de bienes en las cárceles y que los dejen actuar, que no los persigan, que solamente persigan a sus enemigos”.
De esa forma se podría alcanzar una aparente paz y para el Gobierno podría ser algo positivo, pero realmente se trata de algo negativo, porque se negocia con organizaciones narcocriminales que han demostrado tener poder, acota el investigador mexicano.
Y reitera: “hay que tener mucho cuidado. Se está mencionando que hay organizaciones que están dispuestas a dejar las armas, a dejar la guerra, pero hay que preguntarse si un criminal deja de ser criminal después de que dejó las armas. O si las viejas rencillas se pueden olvidar. Porque la respuesta es no, no se olvidan esas viejas rencillas”.
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Cárceles seleccionadas
En México existen dos tipos de cárceles, las estatales y las federales. Estas últimas son consideradas las más seguras del país, pues consideran que es prácticamente imposible escapar, salvo las dos veces que lo hizo el Chapo Guzmán.
Las estatales, en cambio, están en manos de diferentes organizaciones delictivas, señala Juan Carlos Montero. “De tal manera que, cuando se captura a una persona de un grupo criminal, se la envía a una cárcel determinada para evitar posibles conflictos o arriesgar la seguridad de esa persona en otra cárcel”, explica.
En Ecuador, la realidad no es tan alejada, pues el 5 de septiembre de 2020 los dos grupos que peleaban por el control de las cárceles, Los Choneros y Los Lagartos, llegaron a un acuerdo. Ese día, los segundos fueron llevados a un área especial del Centro de Detención Provisional (CDP).
De esa forma, entregaron el pabellón 5 de la antigua Penitenciaría del Litoral, el único que controlaban. Es por eso que en los últimos incidentes no hubo ‘lagartos’ de por medio, pues ellos tienen su propio espacio, alejados de sus rivales, como publicó EXTRA el 12 de septiembre pasado.
Para Montero, que un Gobierno retome el control de las cárceles es un reto. “El problema de nuestros países es que no tenemos un estado de derecho lo suficientemente fuerte”. Además, asegura que la capacitación que necesitan policías, militares, fiscales y jueces podría dar resultados en unos diez años, pero aclara que el sacrificio físico o académico no es lo único que costaría, sino también muertes, porque habrá oposición.
Protección
Montero Bagatella sostiene que además de buscar la profesionalización de los investigadores, es necesario que existan mecanismos de protección. Un ejemplo que da es el anonimato de los fiscales, para que no solo estén protegidos ellos, sino también sus familias.
Y concluye: “Es importante enfatizar que quien tiene que ir dando los pasos primero es el Gobierno. Hoy, creo que en Ecuador están en un punto de quiebre”.
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Nelson Yépez Suárez, asesor de seguridad con 30 años de experiencia, detalla que la Policía ecuatoriana cuenta con preparación para situaciones comunes de nuestro entorno, pero no para enfrentar una situación como la de México en su lucha contra los carteles. Considera que debe profesionalizarse.
Además, sostiene que se deben crear grupos especializados, pero que estos no sean desviados de sus funciones y que cuenten con autonomía y reserva.
Menciona también que una tarea para el Gobierno entrante debe ser el impedimento de la metida de mano en la justicia, para que no haya manipulación y los casos se lleven de la forma adecuada.
“Debemos tener los jueces sin rostro para poder sancionar este tipo de delincuencia”, enfatiza. Y añade que es necesario educar a la ciudadanía para evitar que terminen convirtiéndose en traficantes de droga. Para el experto, es necesario enfocarse en padres y niños, porque por “los que ya están contaminados, ya no podemos hacer mucho”.
