Una docena de personas se reunió con carteles frente a la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito, la mañana del 25 de febrero. Exigían explicaciones a las autoridades por la masacre que se registró el martes pasado en los centros de rehabilitación de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Luis, un hombre de unos 50 años, dijo que desde ese día no ha podido con la angustia, pues no se ha comunicado con su hijo. “Apenas recibí un audio de que está bien, que no me preocupe”. El joven está detenido por un delito sexual y no comparte pabellón con quienes encabezaron los amotinamientos.

Están en otro lado

Según los protestantes, sus familiares están en mínima seguridad, pero se han enterado de que las personas privadas de libertad de otros pabellones habrían intentado “pasarse para matarlos”.

“He visto los vídeos que circularon y no he podido parar de llorar. Como madre tengo miedo de que les hagan algo a mis hijos”, comentó María. Desde hace varios meses fueron detenidos por participar en una riña.

Durante la pandemia no ha podido verlos y solo espera que le llegue algún mensaje de vez en cuando para saber de ellos.

La convocatoria fue enviada para al menos 100 personas, pero según los que sí llegaron, la mayoría decidió no acudir por miedo a represalias, pues como ‘secreto a voces’ conocen que varias bandas imponen miedo en el centro de rehabilitación de Cotopaxi.

Luego del plantón tenían previsto marchar hacia las instalaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para exigir respuestas y mayor seguridad para quienes no habrían participado en las reyertas que han dejado 81 asesinados.

“Queremos saber por qué si a nosotros nos hacen casi desnudar para entrar, ahí se consiguen armas tan peligrosas”, dijo María.