Karina Sánchez debió dejar a su hija al cuidado de los abuelos. Desde hace cinco meses no recibe sueldo y ya no puede mantenerla. Karina es madre soltera. Ahora están a punto de cortarle la luz, así como lo hicieron con el servicio de Internet.

Aun así, no ha dejado ni un solo día de impartir las clases a sus alumnos parvularios, mediante las plataformas digitales. Lo hace con entrega y vocación, asegura.

Como ella, otras 1.600 educadoras de Quito, que pertenecen a fundaciones y centros de desarrollo infantil regidos por el Ministerio de Inclusión, no tienen ingresos.

Karina siempre quiso ser maestra, por lo que trabajar con niños es la materialización de ese anhelo. Pero en sus planes no estaba la precaria situación a la que le llevaría el estar impaga. Préstamos por aquí y por allá la ayudaron a sobrevivir las primera semanas, pero ahora no tiene ni para comer. Por eso, junto a unas 300 maestras más se sumó a una marcha pacífica para exigir el pago de los montos adeudados.

Sin respuesta

Un plazo de 15 días pidió el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ponerse al día en los pagos. Así lo afirma Claudia Donoso, líder de la Asociación de Educadoras, que tiene convenio con esa cartera de Estado.

“Han pasado más de veinte días y no tenemos respuesta... Si no nos pagan, tomaremos acciones. Pondremos una denuncia porque están vulnerando nuestros derechos humanos”.

La dirigente explica que la situación que viven las maestras es “crítica”. Muchas han sido desalojadas de sus viviendas por no cubrir el valor de los arriendos y otras ya no cuentan con el dinero para pagar los servicios básicos. Pese a eso, ninguna ha abandonado su trabajo.

Érika Anchala, por ejemplo, ha tenido que recorrer los hogares de sus estudiantes. No todos cuentan con los medios telemáticos para acceder a las clases. 

Ella también se sumó a la manifestación, que recorrió las calles del sur de Quito desde el Mercado Mayorista hasta la Plataforma Gubernamental de Quitumbe, sede del Ministerio de Economía.

“Nos sentimos burladas. Basta de ofrecimientos, necesitamos que nos paguen ya”, insiste la madre de un niño de tres años. Ella también es cabeza de hogar y si no fuera por la ayuda de sus hermanos no podría ni alimentar a su retoño.

EXTRA se contactó con el Ministerio de Inclusión para tener un pronunciamiento. Desde esa cartera de Estado informaron que revisarían de qué asociación se trata para emitir una respuesta. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo la información.