Desde las 06:00 hasta pasadas las 15:00 del miércoles 8 de febrero del 2023, familiares y amigos de Junior Roldán Paredes, alias JR, quien sería el segundo al mando de la organización criminal Los Choneros, realizaron un plantón en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, para exigir al Gobierno que ordene su liberación.

“Él ya pagó su condena y por sus culpas ya debería estar libre, lo queremos de regreso en El Triunfo. No entendemos por qué están dilatando su libertad”, manifestó David Soles, una de las más de 200 personas que con cartel en mano exigían que Roldán sea puesto en libertad.

En contra de JR se han abierto nueve procesos por delitos como asesinato, delincuencia organizada, tráfico de drogas, tráfico de armas. Su vida delictiva empezó en el 2009. Sin embargo, pese a sus delitos, el pasado 15 de diciembre un juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil le otorgó el beneficio de prelibertad. Dos horas después iba de regreso a la Unidad de Flagrancia, junto a otras 36 personas, cuando se armó tremenda balacera.

El pasado 26 de enero, el fiscal de la causa, Julio Sánchez, emitió su dictamen abstentivo a favor de 13 de los 36 detenidos y acusados de porte de arma, por lo que el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Jorge Aldás Macías, dictó la resolución de prelibertad a favor de JR.

Desde la clandestinidad, Sánchez argumentó los motivos que tuvo para abstenerse de acusar a Roldán. “Ese sujeto no llevaba ningún tipo de arma, recién salía de la Penitenciaría y dos personas que se encontraban allí eran guardias de seguridad contratados para su custodia. Las personas que usaban granadas están aún detenidas. El personal policial que actuó nunca rindió versión. No hay elementos para la acusación y eso es una abstención segura”, sostiene.

Agrega que el 27 de enero hizo un informe a las autoridades, el cual fue presentado el 30 de enero. (AEB)