Desde la mañana de este 26 de abril, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha tenido que enfrentar tanto a la Fiscalía como al Concejo Metropolitano. Y el motivo es uno solo: presunta corrupción por la compra de pruebas PCR durante la etapa más dura de la pandemia.

Yunda y otras 13 personas (entre funcionarios y exfuncionarios del Cabildo) están a la espera de la decisión judicial de si irán o no a juicio. Ante esto, una de las medida previas que se dictaron fue que el burgomaestre llevara grillete electrónico.

Y no solo eso. Cuando se realizaban las investigaciones en torno a este caso, la Fiscalía allanó la casa de Yunda, donde decomisaron computadores, celulares y el sistema de videovigilancia.

Ahí fue cuando 'explotó una bomba'. En uno de los teléfonos, que pertenece a su hijo Jorge, se hallaron mensajes comprometedores que mostrarían una injerencia familiar en el Municipio.

Eso desató la indignación de la ciudadanía. Por eso, dos colectivos presentaron un pedido de remoción contra el alcalde.

Hoy, a la par de la audiencia de llamamiento a juicio, se logró reunir el Concejo Metropolitano para conformar la Comisión de Mesa que analizará dicho pedido.

Entre lo que se realizó fue elegir a la concejal Analía Ledesma para que ocupe el lugar de Yunda en la Comisión. La razón es que el burgomaestre no puede analizar su mismo caso, por lo que debió excusarse (ausentarse) de presidir la Mesa.