Afuera de la Fiscalía General del Estado, norte de Quito, se realizó ayer un plantón para exigir justicia por la muerte de Naomi Arcentales, quien fue hallada ahorcada el 12 de diciembre en un departamento de Manta, en Manabí.

La madre de la joven, Sara Sabando, y su abogado, Luigi García, llegaron también para pedir una audiencia con Diana Salazar, fiscal de la Nación. Quieren que el proceso lo manejen desde la capital.

“Dudamos de la objetividad que debe de primar en este caso en el que el principal sospechoso (Juan Carlos Izquierdo) es miembro de la Fiscalía”, señaló García.

Las diligencias

Según el abogado, Izquierdo tampoco estaría colaborando con la investigación. Puesto que se habría negado a entregar su celular, así como a dar muestras biológicas para la extracción de ADN. Tampoco se habría realizado el examen de psiquiatría forense ni el de entorno familiar.

“Esa negativa da qué pensar”, insistió.

Sin embargo, Santiago Mestanza, abogado del implicado, dijo a EXTRA que su defendido ha comparecido a todas las diligencias. “Si es que alguna no se ha realizado es por el apuro de la Fiscalía en hacer los procedimientos”, insistió.

Por otro lado, García dijo que el resultado de la autopsia, llevada a cabo en Quito tras la exhumación del cuerpo el 22 de diciembre pasado, ya lo tiene Fiscalía y “la causa mecánica de la muerte es asfixia”. Pero, según él, eso no determina si fue suicidio o un crimen.

Sabando, la mamá de Naomi, expresó que no se irá de la capital hasta que Salazar la escuche. “Como madre y como mujer voy a hacer lo imposible”, dijo.

Además, comentó que por ahora la familia no aparece en público nada más que para las diligencias judiciales, ya que varias personas se habrían acercado en distintos vehículos. Y no dio más detalles.

Mientras tanto, Mestanza aclaró que su cliente sigue en el país, aunque no tiene prohibición de salida.