El sueño de Laura (nombre protegido), se convirtió en una pesadilla. Todo lo que esta madre quiteña, de 37 años, quería para las fiestas decembrinas, era que sus hijos disfrutaran de una experiencia diferente, sobre todo porque ellos habían pasado mucho tiempo encerrados en su casa, debido a la cuarentena por la Covid-19.

En un anuncio de redes sociales la mujer había encontrado una alternativa que haría muy felices a sus niños, de 5 y 7 años. Una persona que supuestamente caracterizaba  a Santa Claus le ofreció un paquete en el que enviaría videos con saludos a los niños. Esto, además de hacerles una videollamada y enviarles una tarjeta navideña.

Para esto, Laura debería pagar 30 dólares y mandar las fotografías de los infantes, con las que el supuesto Santa les haría las tarjetas de felicitación. Días más tarde, y a l no tener el servicio prometido, la madre se contactó con el supuesto Papa Noel, pero no obtuvo respuesta.

Surge la extorsión

Una semana más tarde, le llegó un mensaje en el que el hombre le pedía 300 dólares a cambio de que él no enviara las imágenes de las criaturas para que las colocaran en videos pornográficos.

“Me sentí aterrada. Pensé que era alguna clase de broma, pero él hablaba en serio”, narra hoy Laura.

La mujer estaba desesperada y no sabía cómo actuar. Entonces decidió consultar con su familia si debía o no pagar esa suma para proteger la integridad de sus niños. Aunque algunos le sugirieron tomar acciones legales en contra del extorsionador, otros le dijeron que era una pérdida de tiempo.

Por temor de que el Santa 'trucho' publique las fotos de sus niños en una página inadecuada, Laura pagó el monto solicitado por el sujeto. Todo lo que espera es que los chantajes de él no se repitan y que en realidad haya borrado las imágenes de los infantes.

"Que no le  ocurra a nadie más"

El único objetivo por el que ahora Laura cuenta lo ocurrido, es que ninguna otra persona caiga en este tipo de trampas que pongan en peligro la integridad de los niños.

Aunque en este caso no existe una denuncia formal, según el Código Orgánico Integral Penal, la persona que, con propósito personal o de un tercero, obligue a otra con violencia o intimidación a efectuar un acto en perjuicio de su patrimonio irá a la cárcel de tres a cinco años.