Un caso de terror se vivió en el norte de Guayaquil luego de que una joven de 18 años fuera secuestrada, torturada y mutilada por presuntos miembros de la banda criminal Los Tiguerones, quienes exigían $ 100.000 a su familia para liberarla.

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Cuatro sospechosos, entre ellos dos menores de edad de 15 y 16 años de edad, fueron aprehendidos por este delito y serán juzgados secuestro extorsivo, uno de los delitos más graves del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El secuestro ocurrió la madrugada del domingo 16 de noviembre, cuando entre 8 y 10 hombres armados irrumpieron en una vivienda del norte de la ciudad. El denunciante contó que él y su hijo lograron escapar, pero su hijastra quedó atrapada y fue llevada a la fuerza por los criminales.

Recibieron escalofriante video

Pocas horas después comenzaron las amenazas: mensajes que advertían que la matarían si no se pagaba el dinero. Pero lo peor llegó después: los secuestradores enviaron un video donde se mostraba la mutilación de uno de los dedos de la joven para presionar el pago.

Tras la denuncia en Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional rastrearon los teléfonos de los atacantes y llegaron hasta una vivienda en el Mirador de Nueva Prosperina. Ahí cayó el primer sospechoso, quien ayudó a dar con el segundo. Ambos revelaron que la víctima estaba bajo “cuidado” de dos adolescentes.

Los menores, de 15 y 16 años, fueron localizados minutos después. La escena fue desgarradora: la joven estaba encadenada de pies y manos, con señales claras de tortura. Fue liberada y llevada a una casa de salud.

Procesados y con prisión preventiva

Los adultos detenidos recibieron prisión preventiva y fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral a espera de la resolución del caso, mientras que los adolescentes quedaron a órdenes de un juez de menores, quien ordenó su internamiento preventivo.

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También se dictaron medidas de protección a favor de víctima y su familia, para evitar cualquier acto de intimidación o persecución por parte del grupo de delincuencia organizada (GDO) al cual pertenecen los hampones.

El COIP establece una pena privativa de libertad de trece años cuando “la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica ocasionándole lesiones permanentes”, como es el caso de la mutilación de su dedo.

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