La tensión entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional volvió a elevarse este miércoles 3 de diciembre, durante el enlace radial semanal del alcalde Aquiles Álvarez. El funcionario denunció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) estaría “frenando” procesos del Cabildo de manera selectiva y con motivaciones políticas.

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Álvarez reaccionó a los comentarios de los entrevistadores, quienes remarcaron que varios municipios —entre ellos Quito y Guayaquil— han reportado suspensiones y sanciones en procedimientos de compras públicas. Según el alcalde, este patrón no es casual.

El alcalde aseguró que la ciudad suma 13 días con 39 procesos suspendidos y advirtió que la situación podría complicarse en 2026, año en el que empezará formalmente la campaña para las elecciones seccionales. “Supongo que van a querer ahorcarnos más, más allá de que nos pagan tarde”, dijo.

Álvarez también acusó al Gobierno de mantener una deuda pendiente. “Tenemos 60 millones de dólares que nos debe el Gobierno. Y cuando nos pagan —si es que nos pagan— nos pagan con papeles, bonos del Estado”, cuestionó.

Un conflicto que viene escalando entre Álvares y el Sercop

Las declaraciones se suman a una disputa que se intensificó desde la noche del 27 de noviembre, cuando se produjo un cruce público entre el alcalde y José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director del Sercop. Ese episodio derivó en una rueda de prensa del Municipio de Guayaquil para fijar postura.

Durante la comparecencia, el coordinador jurídico del Cabildo, César Poveda Valdiviezo, calificó como un “crimen de lesa humanidad” las decisiones y frenos aplicados por el Gobierno en materia de compras públicas.

“Que dejen de jugar con vidas. Cuando ya jugamos con vidas, hablamos de un crimen”, sostuvo, cuestionando lo que calificó como declaraciones “ambiguas, falsas y difusas” de Neira.

Choque en redes por el caso de la insulina

La confrontación continuó un día después, el 28 de noviembre, a través de mensajes en X publicados por ambos funcionarios. Neira afirmó que al Municipio “se le acabó el relato de la compra de insulina por sobreprecio”, difundiendo además una imagen del sitio donde el Cabildo realizó un pronunciamiento oficial por la suspensión de procesos.

“El estudio de mercado determina clarito que el precio real de importación de insulina es de $5,28 por unidad, dos dólares más barato que lo que el Gobierno ha estado comprando: $7,12, $7,23 y $7,49”, escribió Álvarez.

Según el alcalde, el Gobierno estaría “craneando narrativas” para justificar decisiones, mientras —dice— el Municipio ha asumido responsabilidades en sectores donde el Estado no ha respondido.

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