Exclusivo
Actualidad

#AbortoPorViolación, una de las propuestas para reformar el COIP

2,400 tuits mostraron el debate que gira en torno a una de las propuestas de reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fundaciones, personajes políticos, mediáticos y cualquiera que quisiera unirse a expresar los pros y contras de esta idea u

ASESORIA PARA MUJERES ACUSADAS POR ABORTO
Imagen referencial.Archivo

2.400 tuits mostraron el debate en torno a una de las propuestas de reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fundaciones, personajes políticos, mediáticos y cualquiera que quisiera unirse a expresar los pros y contras de esta idea utilizaban la etiqueta #AbortoPorViolación.

“Es increíble que en Ecuador todavía se esté analizando...”. “Soy católico y asimismo creo en el derecho de las mujeres a decidir...”. “No estamos a favor del aborto. Estamos a favor del derecho a decidir parir o no cuando un embarazo es fruto de una violación”. Esas fueron algunas expresiones compartidas en Twitter por quienes respaldan este punto de la propuesta.

Quienes no están de acuerdo también sumaron su voz encabezada por la misma etiqueta. “Ironía que hayan nacido quienes están a favor el aborto”, “el #AbortoPorViolacion es simplemente sentenciar al inocente”, “no tiene ninguna solución pues un mal no se paga con un mal peor”, alegaban otros.

El motivo que desencadenó estas reacciones fue la aprobación de la Comisión de Justicia, al informe para el primer debate para reformar el COIP. La propuesta planea incluir la despenalización del aborto cuando la madre ha sido violentada sexualmente. Esto ampliaría la ley a casos de violación, estupro, inseminación no consentida y malformación grave del feto.

En Ecuador, el artículo 150 del COIP actualmente únicamente reconoce como aborto no punible (no sancionable) cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. O en el caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

La polémica a favor y en contra del aborto se extiende por todo el continente americano, tanto así que la prohibición del mismo llegó a reflejarse en estudios. Diario El País señala el documento publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology donde se indica que “al menos el 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y anualmente, unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas”.

La lista de países latinoamericanos que permiten el aborto tampoco es muy extenso. Según información publicada por BBC, solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico lo permiten sin condiciones según el plazo establecido por sus leyes.

A diferencia de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, donde se prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo.

Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Belice consideran despenalizar el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada estén en riesgo. En el caso de Argentina, país donde se han realizado grandes marchas para legalizarlo, este solo es permitido en caso de violación o cuando la salud de la madre está en juego.

Violencia sexual

La realidad señala que la cantidad de embarazos adolescentes en el país son preocupantes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) en 2016, tres de cada 1.000 nacidos vivos fueron de madres adolescentes de 10 a 14 años.

Además, la agencia de noticias EFE señaló en julio pasado que “buena parte de estas gestaciones no son deseadas y son resultado de violaciones en el ámbito familiar, o en el entorno social próximo”.

Sanción

El COIP tipificó en el 2014 el aborto como delito en el Capítulo Segundo: Delitos Contra los Derechos de la Libertad, Sección Primera Delitos Contra la Inviolabilidad de la Vida. El artículo 149 de la ley señala que “la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.