Más claro, imposible. Lo que la fiscal general del Estado está haciendo es corroborar los secretos a voces que nadie se atrevía a develar. A través de los casos en curso, se está desbaratando todas esas ‘ignorancias’ increíbles sobre alianzas mafiosas y negociados que han generado indignación y hartazgo en la población ecuatoriana.

La Asamblea Nacional no tiene autoridad moral para distraer ni interferir en la labor del Ministerio Público, y mucho menos destituir a la fiscal general con el argumento de un supuesto incumplimiento de funciones. Ante la corrupción y descomposición moral evidenciada en todos los niveles del sistema judicial, su accionar merece el apoyo de los demás poderes del Estado. El Gobierno debe garantizar su integridad personal y la de su familia, y la continuación de las investigaciones, con independencia, y sin la pretendida intervención de una comisión legislativa integrada por miembros de los dos partidos políticos cuestionados por tener en sus filas a políticos corruptos.

Que la Asamblea no haya sido capaz de aunar criterios y pronunciarse a favor de esta valiente funcionaria es incongruente y contrario a los intereses de la nación. Ella cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, que ve por fin un trabajo efectivo y valeroso contra la delincuencia organizada y la impunidad.