Los magnicidios de los alcaldes de dos cantones mineros en menos de 48 horas nos dirigen la mirada -y en el especial al Gobierno- hacia la minería ilegal del oro, fuertemente vinculada con el narcotráfico.

Estas operaciones clandestinas, que mueven entre $ 600 millones y

$ 800 millones al año, según las Naciones Unidas, y que permite lavar el dinero del narco, ha contado con el respaldo de políticos y funcionarios corruptos para su funcionamiento, aprovechando el abandono histórico del Estado en localidades pequeñas.

Es este el momento para señalar y perseguir a los responsables de que la minería ilegal haya pasado de ser un secreto a voces a una descarada actividad que, a punta de violencia, impone sus reglas. Pero también para evitar que estos criminales sigan infiltrándose en las concesiones mineras y reclutando a figuras claves de las entidades de control. Hay que cortar la veta de la minería ilegal.