Tras los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública durante los 12 días de movilizaciones, la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos del Ecuador ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que actúe de forma urgente. Según el documento, dirigido a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la institución, ha habido “graves violaciones a derechos humanos que se han comedido desde que se inició el paro el 13 de junio de 2022”.

Mientras que desde el Estado se replica: "Ecuador quiere paz". Así lo dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez: "El Ecuador necesita una salida inmediata a este conflicto, para que no haya violencia ni tampoco excusas". Y una manera de ceder fue permitiendo que el movimiento indígena pueda ocupar el ágora de la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito, que previamente había sido resguardado por la policía. 

Con el informe de DD. HH. además se ha pedido que la Comisión requiera al país la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos en el contexto del paro. Y también la visita-país, con la que se pueda documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados.

En el informe, la Alianza ha recibido, según la página web oficial, 64 reportes de vulneraciones. 5 fallecidos. 108 detenciones. 166 heridos. La última actualización fue hasta el 22 de junio de 2022. Sin embargo, el 23 de junio se registró otro fallecido en el contexto de las movilizaciones, cerca del parque El Arbolito, durante los enfrentamientos entre protestantes y policías. EXTRA ha reportado, en total, 6 muertes en el contexto de las movilizaciones.

“Cabe señalar que en este número de detenciones no están contabilizadas las denuncias sobre una técnica ‘novedosa’ de represión que hemos recibido en los últimos días. La fuerza pública detiene a manifestantes y no los entrega a la justicia. En algunos casos los suben a buses, en la mayoría de los casos los maltratan y amedrentan, incluso los hacen llamar a sus familias a decirles que permanezcan en silencio, y solo son puestos en libertad tras varias horas de tortura psicológica a ellos y a sus familias que ignoran su paradero y estado”, agrega el documento.

La paro nacional se originó tras las 10 peticiones que ha hecho el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al gobierno de Guillermo Lasso. Según la Alianza, son demandas sociales, “exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados”. Sin embargo, aseguran desde la organización que han sido “constantemente ignoradas” por el Gobierno.

Estas se refieren a la injusticia social, alza de precios de la canasta básica, precarización laboral, desempleo, disminución de presupuesto y la disminución del acceso efectivo a la salud y educación.