Este lunes falleció el paciente, de 92 años, que fue tratado con dióxido de cloro, luego de que un juez ordenara su aplicación por el pedido que realizó el hijastro del hombre. El fallo generó polémica y reacciones en desacuerdo por parte de la comunidad médica.

Javier Pico, juez civil, hizo el amparo y dispuso que el Sanatorio Otamendi y Miroli inyectara al paciente el fármaco que le habría indicado su neurocirujano particular. Pese a que la clínica apeló tuvieron que realizar la práctica.

El uso de dióxido de cloro para casos de COVID-19 fue desaconsejado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que no lo autorizó, señala DW.

José María Lorenzo, hijastro del fallecido, un día después de que su madre muriera por covid-19, acudió a la Justicia y pidió de forma urgente que continuara con la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y dióxido de cloro intravenoso. El magistrado dictaminó que el hospital deberá "garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante", reporta DW.

La decisión fue un punto de debate en la opinión pública. El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, en una entrevista con Clarín, comentó que era preocupante que un juez dictara que un médico aplicara una sustancia que no tenía evidencia científica: “No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol”.

El abogado de la familia del difunto, Martín Sarubbi, declaró a los medios locales que sus representados demandarán a la clínica por considerarlo responsable de su muerte por haber tardado en inyectarle la dosis. "El hombre fallece por una infección intrahospitalaria y a causa de la demora del tratamiento", afirmó.