A Jorge Glas la justicia le sonríe. El 12 de abril, dos días después de salir de la cárcel de Latacunga, la Fiscalía pidió el archivo de una investigación previa sobre la concesión, por 50 años, de Puerto Bolívar a la empresa turca Yilport.

El fiscal Rómulo Tito Espinoza Torres remitió un escrito al juez y solicitó una fecha para presentar sus argumentos y los resultados de una investigación que duró dos años, pero que, según él, no arrojó resultados.

Dijo que tenía 47.000 archivos de investigaciones y no encontró un delito. Lo extraño es que entre esos documentos consta el informe DNA8-0016-2019, de la Contraloría.

En el documento se detallan indicios penales y actos de posible corrupción en la concesión del puerto. El informe fue remitido en 2020 y entre las conclusiones señala que el concurso internacional para buscar al operador portuario estuvo direccionado, pues se limitó la participación de las empresas interesadas por una cláusula que puso Jorge Glas, entonces vicepresidente y encargado de los sectores estratégicos.

Esa cláusula modificaba los montos de inversión y el tiempo de los servicios “sin considerar el condicionante que se podía mejorar la oferta cuando se hayan presentado otros oferentes”. La Contraloría dice que la comisión técnica adjudicó a Yilport, porque fue la única firma que presentó la oferta en los términos planteados, pero que esto le dejó al país “sin una evaluación de las mejoras y los beneficios para los intereses nacionales”.

En 2016, cuando el presidente Rafael Correa anunció la concesión, dijo que la compañía turca invertiría $ 230 millones en los tres primeros años y $ 751 millones en total. Pero dos años después, en 2018, Yilport solo había invertido $ 20 millones y el capital social en el país era solo de $ 10 millones.

La forma como se hicieron los pliegos también estuvo plagada de irregularidades. El presidente de la comisión técnica no se reunió con los demás miembros, uno de ellos, quien era el jefe jurídico, renunció. Se lo reemplazó por un funcionario con un título de secretario ejecutivo bilingüe, por lo tanto, no tenía el perfil ni la experiencia para llevar adelante un concurso internacional.

Para la Contraloría, estos indicios debían ser investigados a fin de que “se prioricen los beneficios nacionales”.

El pedido de archivo de la investigación cayó en manos del juez Rómulo Espinoza Caicedo, familiar del fiscal. Por ello, se excusó y pidió que se haga un nuevo sorteo. Todavía no hay fecha para la audiencia. La Contraloría de El Oro también puede objetar.

Veedores hallaron anomalías

En 2019, los veedores de la concesión de Puerto Bolívar, en El Oro, dijeron que el gerente general de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar invitó directamente a la empresa Yilport, aunque esta no cumplía con el requisito de tener 5 años de existencia en el país, previo al concurso.

“No se sabe la magnitud de la corrupción”

La justicia no ha logrado reunir todas las piezas que permitan dilucidar la corrupción que existió en los sectores estratégicos, durante el gobierno de Rafael Correa. Esa es la conclusión de César Montúfar, profesor universitario y político. Él señala que su investigación por delincuencia organizada lleva cuatro años sin avanzar. “No solo es este caso (de Puerto Bolívar), sino que hay investigaciones ordenadas por los jueces y que se desprenden de los casos ya juzgados que tampoco han dado resultados”. Asegura que la Fiscalía ha congelado las investigaciones desde 2020, lo que significa impunidad. “Las sentencias contra Glas por asociación ilícita y cohecho son menores si uno mira la magnitud de corrupción y los montos manejados en los sectores estratégicos en los 10 años de Correa”.