Llegó a poner ‘en orden en la casa’ y en solo 6 días ya encontró un problema. El viceministro del Interior, Max Campos, designado por mandato presidencial para dirigir la seguridad ciudadana enGuayaquil advierte “la falta de coordinación integral e integrada” y de “corresponsabilidad entre las autoridades e instituciones que deben estar al frente de la lucha contra la delincuencia”.

El funcionario, quien es experto en prevención del delito, habló conEXTRA.

Al hacer una valoración del trabajo realizado en materia de seguridad en la provincia, asegura que “hay que fortalecer que cada quien cumpla con su corresponsabilidad”. Para eso, dice, él articulará roles y armará “una gran coalición que permita sacar a la ciudad de lo que está”.

Precisó que no viene a supervisar al gobernador delGuayas ni a darle órdenes, sino que aportará desde la parte técnica y operativa para el plan de seguridad.

¿Cuándo habrá resultados?

Una política de prevención del delito es de mediano y a largo plazo, ningún gobierno podrá hacerlo en corto plazo, se deben reorientar las estrategias así sea que le cueste tiempo al Estado y a gobiernos, no podemos esperar, tampoco todo el tiempo estar haciendo control y control y más mano dura.

Los 1.100 policías que llegaron, ¿de dónde son?, y ¿qué garantías hay de que no se desprotegió a otras ciudades?

Vienen de 17 provincias, donde no hay mucha concentración de problemas, tampoco se descuidarán esos sectores, deben entender que Guayaquil necesita ayuda porque no tiene la capacidad operativa para la problemática.

¿Cuántos uniformados tiene Guayaquil sin los 1.100?

Para la zona 8 hay cerca de 6.000 policías. Hay que reestructurar el sistema de vigilancia de la ciudad. Aumentó la población, recuerde que la policía trabaja en turnos y requiere un análisis de su funcionamiento para poner la cantidad adecuada de policías en la ciudad y en las demás. Cuando terminemos la evaluación y modelo de gestión determinaremos la cantidad adecuada.

Sobre el rol delMunicipio de Guayaquil, Campos advierte que el artículo 54 y el 90 del Cootad dice claramente articular acciones con la Policía Nacional y la comunidad para gestionar política pública. “Hay que recuperar los espacios públicos que están tomados por grupos que se dedican a delitos, orientar la posibilidad de generar fuentes de trabajo”, precisa.