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Masacre en la 'Peni': Se desataron las lágrimas y el dolor en la morgue
Una mujer aprovechó la visita conyugal para compartir con su esposo. Estuvieron juntos hasta dos horas antes de la matanza. Expertos nunca creyeron en el supuesto acuerdo de paz y critican la acción del Gobierno.
La última visita que recibió Luis Benito Fernández Bejarano la mañana del miércoles 5 de octubre de 2022 fue la de su esposa. La señora, quien tiene casi nueve meses de gestación, permaneció junto a él hasta dos horas antes de que comenzará la masacre en el Centro de Privación de Libertad Guayas N. 1, donde él es uno de los 13 privados de libertad asesinados.
Mónica (nombre protegido) aprovechó el día de visitas conyugales para ver al padre de sus tres hijos. Llegó a las 08:00 y se retiró a las 11:30. Cuatro horas después la llamaron por teléfono para avisarle que se había desatado otra matanza en la Penitenciaría y que su conviviente podría estar entre las víctimas, porque el pabellón donde guardaba prisión era uno de los partícipes de los desmanes.
“Cuando salía de la visita me di cuenta que estaban trasladando a otros privados de libertad hasta esta prisión. Le dije a mi esposo ‘la cosa está caliente, parece que va a pasar algo, tengo miedo’. Pero él me contestó ‘mija no pasa nada, esto es así’. Tenía un mal presentimiento. Luego me mandó un mensaje contándome que la situación estaba fea adentro”, recordó Mónica, mientras en los exteriores del Laboratorio de Criminalística aguardaba, la mañana de ayer, por los restos de su amado.
Fernández Bejarano, de 37 años, fue detenido en mayo pasado, acusado de robo. En la página de la Función Judicial consta que registra seis procesos judiciales, tres por robo y tres por narcotráfico.
Cuatro de los 13 reos fueron decapitados. Javier Montes, uno de los fallecidos, fue capturado el pasado sábado por extorsionar a un fiscal y al alcalde de Marcelino Maridueña (Guayas).
Su esposa aseguró que guardaba prisión en el pabellón 2 y que habría sido víctima de una bala perdida, producto de los enfrentamientos que además dejó a 18 reclusos y seis policías heridos de bala.
Le cortaron la cabeza
Yajaira, hermana de Royer Ernesto Chiriguaya Lino, otro de los PPL asesinados y quien desde junio de 2021 estaba recluido en el pabellón 9, aseguró que por un vídeo enviado desde la cárcel se enteró de que uno de los reos fallecidos era su ñaño.
En la grabación enviada por WhatsApp le revelaron no solo que Royer había sido asesinado, sino que lo decapitaron y que sus restos fueron tirados en un túnel, junto a los cadáveres de otros reclusos.
“En el vídeo se veía que el cuerpo estaba separado de la cabeza. Lo reconocimos por el tatuaje de una estrella que se había hecho en el pecho, meses antes de ser detenido. Mi hermano ‘cayó’ por tráfico de sustancias, le faltaban dos meses para salir libre”, comentó Yajaira.
‘viraron’ a tío y sobrino
Jordi Joel, de 30 años, y su sobrino Dave Santiago Guadamud Chóez (23) no solo compartían lazos sanguíneos, sino el pabellón 9 donde ambos estaban recluidos por tráfico de droga.
Jordi fue detenido en marzo de 2021 y su sobrino en febrero de este año. Por redes sociales sus familiares se enteraron de que ellos constaban en la lista de fallecidos. “Nos acercamos a la ‘Peni’, pero nadie nos dio información. Luego vimos sus nombres en un listado. Sus muertes dejan a una familia doblemente dolida”, afirmó Danny Guadamud, hermano y tío de los occisos.
Su ñaño lo vio morir
Laura Medina Matos contó que se enteraron del asesinato de su hermano, Marcos Misael, porque otro de sus ñaños, quien también se encuentra detenido en la ‘Peni’, los llamó por teléfono para avisarles que el cadáver de su familiar había sido lanzado al túnel. “Por redes sociales confirmamos que era mi hermano. Incluso nos llamaron para pedirnos plata. Nos decían que si pagábamos no lo mataban, pero era mentira, ya él estaba muerto”, aseguró la allegada.
El general Víctor Hugo Zárate, comandante de la Zona 8, explicó que la responsabilidad de la seguridad en las cárceles del país no es de la Policía, sino del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad), y que Policía apoya y controla la acción de funcionarios.
“Entramos con los equipos de dotación, pero no con los equipos blindados (tanquetas) que son de las Fuerzas Armadas y por eso seis policías resultaron heridos. Los enfrentamientos se dieron entre los reclusos del pabellón 2 y 3 contra los del 9”, afirmó.
También reveló que en operativos desarrollados en la ‘Peni’, tras la masacre, se decomisaron armas de fuego, cortopunzantes y municiones. (AEB)
Listado mortal
}Arcadio Ecuador Mendoza Toala.
}José de la Cruz Avilés Bautista.
}Marcos Misael Medina Matos
}Jordi Joel Guadamud Chóez
}Dave Santiago Guadamud Chóez
}Gregory Alberto Ramos Rosales
}Nicolás Solórzano Ramírez
}Royer Ernesto Chiriguaya Lino
}Javier Andrés Montes Guerrero
}Alfredo Antoni Guarquila Araujo
}Luis Benito Fernández Bejarano
} Michael Richard Cabrero Cabrera
}Guillermo Abraham Sánchez Lacera
Los expertos
“Camuflaron un acuerdo”
“Nunca hubo un acuerdo de paz y eso se lo dije al presidente Guillermo Lasso, a Pablo Ramírez (director del SNAI), y a Patricio Carrillo (exministro del Interior). Lo que hizo la señora Claudia Garzón (comisión de pacificación) fue un camuflaje y engañar al pueblo”, manifestó Luis Barrios, sacerdote, quien junto a Garzón formaron parte de la comisión de pacificación de las cárceles.
Señaló que para que exista un acuerdo de paz los líderes de todas las organizaciones criminales deben sentarse en una mesa y firmar la tregua. “Les advertí que el supuesto acuerdo no iba a durar más de seis meses y en este acuerdo los únicos que participaron son Los Choneros y existen más de 9 bandas dominantes”.
Sostuvo que no son las visitas quienes meten las armas a las cárceles, sino los policías corruptos y que las unidades de inteligencia deberían actuar en contra de estos malos uniformados.
“El Estado debe retomar la autoridad”
El sociólogo colombiano y experto en seguridad Hugo Acero Velásquez sostiene que los delincuentes suelen comprometerse, pero los negocios criminales terminan afectando esos compromisos porque por encima de cualquier tregua están las rentas que reciben. “Lo que menos les interesa a estos delincuentes es garantizar que su palabra se cumpla si se cruzan con sus intereses o recursos económicos. Allí finalizan los acuerdos”, cuestionó.
Expresó que el deber del Estado es tener un plan claro para recuperar la autoridad, porque mientras sean los delincuentes los que gobiernen los centros carcelarios, este tipo de situaciones se van a seguir presentando.
“Esto demuestra que no hubo ningún interés de parar las masacres. El Gobierno debe asumir con mayor seriedad y compromiso la retoma de la autoridad en las cárceles”, dijo el experto, quien tiene 30 años de experiencia en temas de seguridad.
