De los cinco atentados que ha tenido la relacionista pública Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y considerada pieza clave en la operación Purga, dos han sido por envenenamiento, según su defensor, el abogado Leonardo Toledo, quien además revela que han aumentado las posibilidades de que vuelva a ocurrir.

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La comunicadora, quien fue asesora en la Corte de Justicia del Guayas, recibió orden de prisión preventiva en diciembre pasado por el delito de delincuencia organizada, debido a los vínculos que mantenía con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, el 3 de octubre de 2022.

Para el cumplimiento de esta medida cautelar fue enviada a la cárcel 4, de Quito, donde por su seguridad preparaba sus alimentos en un horno microondas que tenía en su celda, pero hace tres semanas hubo la disposición de retirárselo.

Desde entonces, para salvaguardar su integridad, Salazar no se alimenta como las demás personas privadas de libertad (PPL). Ella lo hace con leches saborizadas, gaseosas y galletas. También con cualquier tipo de comida chatarra que esté perfectamente embalada, que obtiene en el economato, el sistema que distribuye alimentos y otros productos con el dinero entregado por familiares a las PPL.

“El primer reporte por envenenamiento fue porque ingirió un alimento, pero se la logró estabilizar con la ayuda de una ambulancia. En el segundo, por control de inteligencia, supimos que iba a pasar y se pudo evitar. (Al siempre comer productos fríos) Ella podría sentir la tentación de recibir comida de otras personas o, por la desesperación, ingerir comida o alguna bebida caliente. Ella teme que la envenenen”, explica Toledo.

Los familiares de Salazar han buscado la manera de que reciba vegetales o frutas, ya que ella es una paciente bariátrica y necesita alimentación especial, pero desde que le quitaron el microondas le es imposible preparar su comida.

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“Salazar se encuentra en el programa de víctimas y testigos protegidos, y por esa razón se encuentra en las celdas donde también hay mujeres embarazadas. Todas tienen su horno porque necesitan alimentarse bien por sus hijos, pero la única que no lo tiene es ella. El microondas no se lo quitan porque se dañó, sino porque les dio la gana y no es que lo están utilizando en otras celdas, pues lo tienen en la parte administrativa, en una parte alta, yo lo he visto”, recalca el jurista.

Por otra parte, menciona que él es el único contacto con el mundo exterior que tiene Salazar, por eso ha observado lo que come. “Si no la mata un atentado, la va a matar el descuido de su alimentación y luego no sé qué harán, porque dirán que les hará falta Mayra para el caso Purga, y sin ella será un chiste”.

Para finalizar, el abogado aclara que no quiere un trato especial para su cliente. Solamente pide que sea tratada igual que el resto, y con eso quiere decir que le devuelvan el horno para su celda. 

El abogado Leonardo Toledo señala que ha pedido explicaciones al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), pero no ha obtenido respuestas.

“El SNAI no hace nada y se mantiene en silencio (...) Ella se pudo equivocar con cosas que hizo en su vida, pero el Estado debe cuidar la vida de las personas privadas de libertad. Mayra decidió, a diferencia de los otros 51 procesados (en el caso Metástasis), cooperar desde el inicio (...). Ya basta, necesitamos saber lo que pasará”, dijo.

EXTRA solicitó información al SNAI para conocer su versión sobre el retiro del microondas, saber si es parte de los protocolos o si, en el caso de testigos protegidos, se puede conceder el uso de estos electrodomésticos.

Esta fue la respuesta: “Me permito comunicar que la PPL, al ser considerada testigo protegido por parte de la Fiscalía General del Estado, mantiene resguardo de información con respecto a la permanencia en el Centro de Privación de Libertad, a fin de proteger su integridad física”.

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