Pasadas las 07:00 del miércoles 17 de mayo toda la atención se centró en la Asamblea Nacional, centro de Quito. Allí un fuerte contingente policial y militar ya no dejó pasar a los empleados de la entidad. Horas antes, los legisladores debatían sobre la destitución de Guillermo Lasso. Luego del anuncio dejaron de ser asambleístas.

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A las 08:30 llegó Juan Zapata, ministro del Interior, quien señaló que la disolución dispuesta por el Presidente en el decreto de muerte cruzada no es al Legislativo como tal, sino a los ahora exmiembros del presente periodo. Indicó también que se les retiró la seguridad desde la madrugada del 17 de mayo.  Eso sí, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía en el recinto se reforzó, así como la colocación de vallas.

Zapata aclaró que los ahora exhonorables tendrán las garantías necesarias para sacar sus pertenencias de las oficinas que ocuparon hasta el martes 16 de mayo. 

Donde más hubo movimiento fue en la sede de Unión Nacional por la Esperanza (UNES), a pocos pasos de la Asamblea, a donde llegaron los exlegisladores y líderes del correísmo. Se reunieron varias horas para analizar la situación luego del decreto.

“No le tememos a la voluntad del pueblo y a las urnas”, dijo Virgilio Hernández, una de las cabezas del correísmo, movimiento que impulsó el juicio político. La noticia los tomó por sorpresa y aunque ya conversaron con su líder, Rafael Correa, dijeron que aún no tienen nombres para las próximas elecciones. “Tenemos excelentes cuadros, pero aún no definimos”, sostuvo Hernández.

Quienes sí presentaron una demanda de inconstitucionalidad fueron las bancadas del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática.

 Virgilio Saquicela, quien fue reelegido el domingo como presidente del Legislativo, anunció una rueda de prensa sobre la nueva situación. Los empleados de la entidad esperaron varios minutos y al no poder entrar se retiraron con la expectativa de qué va a pasar.