Todo empezó la noche del último fin de semana de estado de excepción. Eran las 20:00 y, al menos, una veintena de uniformados formaba fila, en la Tribuna de Los Shyris, en el norte de Quito. Sobre esa avenida, el tránsito era fluido y los negocios de la zona, recién, cerraban sus puertas sin prisa.

En el parque La Carolina, la situación era similar, personas paseando a su mascota o montando bicicleta cruzaban frente a los agentes de Tránsito, miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Las órdenes a la gente para que se vaya a casa duraron poco. “Esto es un círculo vicioso”, dijo uno de los uniformados, mientras le repetía la misma instrucción a un joven que circulaba en patines.

Así pasó más de media hora. De pronto, llegó la comisaria de la Policía, de la zona Eugenio Espejo, Nathaly Logroño y, tras unas breves indicaciones, la veintena de uniformados se montó en los vehículos para iniciar un operativo de control.

El primer punto del recorrido era un restaurante, ubicado en el octavo piso de un elegante edificio de la González Suárez. Las autoridades habían recibido una denuncia sobre una fiesta clandestina que se desarrollaba en ese espacio, pese al estado de excepción.

En los videos que llegaron a la Intendencia de Policía se podía ver a los asistentes bebiendo licor y bailando sin mascarilla.

Desde el exterior del edificio se pudo distinguir a la gente en las ventanas de ese restaurante. Rápidamente, los uniformados se instalaron en los ascensores del edificio. Sin embargo, cuando el elevador abrió sus puertas en el piso 8, la escena era distinta: luces apagada y el personal del local hacía tareas de limpieza.

“Alguien les aviso”, confirmó Logroño, quien solicitó a los encargados los documentos del establecimiento. Después de casi una hora de explicaciones a la autoridad, un hombre reconoció que era su cumpleaños y que “con amigos” realizaba un pequeño festejo.

El sobrino

Los agentes revisaron centímetro a centímetro del local y cada uno de los pisos del edificio, incluso en los parqueadero y debajo de los autos, sin resultado alguno. Mientras tanto, la Comisaría solicitaba las facturas del día para encontrar elementos irregulares que le permitan clausurar el lugar. A pocos metros el hombre de cabello largo llamaba por teléfono a funcionarios de otras instituciones para que lo ayudaran a resolver la situación. “Yo sé que no viene al caso pero yo soy sobrino de...”. 

En ese instante, todos los uniformados que grababan el operativo bajaron sus teléfonos. El nombre de una conocida funcionaria sorprendió a las personas de lugar, que minutos después dejaron el octavo piso y se montaron nuevamente en sus vehículos.

El asado

Una reunión clandestina, en el norte de la capital, llevó a los uniformados hasta un inmueble en San Fernando. Desde el patio, una columna de humo evidenciaba el asado que se llevaba a cabo en el sitio.

Adentro, más de veinte personas sin mascarilla compartía la cena. “No ustedes no pueden entrar a mi casa así”, dijo una mujer, un poco alterada, mientras los agentes se abrían paso por la vivienda recogiendo botellas de licor y pidiendo a los ocupantes que se pusieran mascarillas. Una sanción administrativa ordenó la comisaria para los extranjeros que, con la visita de la Policía, se pusieron belicosos.

Cuando los ánimos se calmaron, los policías entregaron las citaciones y decomisaron las bebidas alcohólicas. “En realidad no sabíamos que no podíamos hacer una comida. Todos somos familia, esto no es una fiesta”, dijo Leonardo, quien prefiero dejar su apellido en el anonimato.

La tienda duró un día

Eran las 23:00 cuando llegó una nueva alerta desde Cotocollao. Una tienda del lugar permanecía abierta pese al toque de queda. Adentro, unos seis personas bebían cervezas. De inmediato, Logroño comenzó a asentar la sanción administrativa —por falta de permisos e incumplimiento de medidas— y le dio unos minutos a la propietaria del negocio para dejar sitio. 

Con un sello de clausura la tienda quedó cerrada ante la mirada confundida de la mujer. “No puede entrar por treinta días, ni por atrás ni por la ventana. Si no tienen a dónde ir, vaya a la casa de un familiar”, explicó la comisaría mientras le entregaba el papel en el que se registra la multa que la tendera deberá pagar.

“Ayer compramos la tienda. No nos vendieron con ningún permiso”, lamentó la mujer que también prefirió dejar su nombre en reserva.

Mientras tanto, en Calderón, en el norte de Quito, se clausuró un evento clandestino con más de 100 personas. Esa gallera ilegal fue cerrada.

A la quebrada y con puñetes

Los operativos continuaron el sábado y el domingo por sectores populares de la capital. En Santa Bárbara, sur de Quito, fueron intervenidos varios parques y canchas. En cuanto los residentes veían a los autos oficiales huían a sus casas. Los pocos que quedaron fueron sancionados. Sin embargo, en una de las intervenciones a una cancha, las personas que jugaban volley se lanzaron a una hondonada al ver a los uniformados. 

Sin respeto a la vida, al menos ocho personas cayeron en la quebrada y se perdieron entre la vegetación. Los miembros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) iniciaron una persecución que terminó con la agresión de uno de los uniformados. Un puñete en el pómulo permitió que los infractores se alejaran y se perdieran por los ‘chaquiñanes’ de ese sector.

Desde las terrazas de las casas vecinas, la gente gritaba a los agentes: “sapos”, “metidos”, “cuando roban nadie viene”.

Gabriela Obando, principal de AMC, explicó que se ha insistido en el cumplimiento a las normas, pero no hay una respuesta positiva de la ciudadanía. Esto pese a la multa. "La gente que no puede pagar tiene la opción de hacer trabajo comunitario como limpieza de calles o voluntariado en los centros de vacunación", mencionó.

El ‘chumadito’ pal' face

En uno de los puntos los uniformados ubicaron a un hombre en estado etílico a bordo de un vehículo que, tenía unas balizas en el parabrisas, vidrios polarizados y no menos de cuatro botellas de licor. Luego de que los agentes de Control le entregaran su citación por no usar mascarilla, los uniformados de la policía lo escoltaron para que se retirara del lugar. En el trayecto, el infractor posó para las cámaras de EXTRA.

Las medidas ayudan, pero no lo suficiente

Daniel Simancas, epidemiólogo e investigador de la UTE, explica que estas medidas restrictivas de movilidad han funcionado parcialmente y que sí bien se han disminuido algunas aglomeraciones, esto no ha servido para reducir la saturación del sistema sanitario. "Se necesita un descenso del 5 % en las pruebas positivas de coronavirus y no se ha logrado", menciona.

Para el resultado esperado, Simancas recomienda un confinamiento parcial. "Puede ser de 10 a 14 días de medidas estrictas para que los casos y las muertes se reduzcan", agrega. Respecto al confinamiento de fines de semana, asegura que debería mantenerse.

La campaña de vacunación ha inoculado con las dos dosis al 1.5 % de la población, un tema que para Simancas es preocupante, ya que para mantener un efecto epidemiológico de control de la pandemia se necesita que entre el 30 y el 40 % de los ecuatorianos estén vacunados.