La desaparición de Franklin Walter López Delgado fue reportada por el 27 de enero de 2024. Seis días después, a través de un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que había procesado a dos compañeros de trabajo de la víctima por el delito de desaparición involuntaria, sancionado con prisión de al menos siete años.

El mismo delito, en caso de que muerte de la víctima, incrementa la pena a un mínimo de 22 años y un máximo de 26 años, sin contar las agravantes. Por ese motivo, el ministerio público buscó la reformulación de cargos en contra de los dos sospechosos y lo consiguió: así lo informó la entidad la tarde del 1 de abril de 2024. En la diligencia, además, se decidió mantener la prisión preventiva que ya había sido ordenada a los individuos.

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En el comunicado de la Fiscalía emitido el 2 de febrero se identifica a los procesados como Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S. Además, se explicó que la instrucción fiscal en este caso, tiempo que tiene la Fiscalía para recabar los elementos probatorios para el juicio, duraría 90 días.

"Luego de abrir cámaras de seguridad de los lugares frecuentados por los tres hombres, –a través de acto urgente–, el fiscal solicitó la orden de detención de los dos ahora procesados, para garantizar su presencia en la audiencia de formulación de cargos", detalló la institución. 

A esos elementos de convicción se sumaban las versiones de testigos y otros detalles, como la denuncia presentada por la hermana de la víctima, quien en su relato detalló "que un compañero del trabajo de su hermano la llamó el 26 de enero de 2024 para informarle que Franklin no había ido a laborar. Trató de comunicarse a su celular, pero estaba apagado".

Eso motivó a la pariente a viajar al día siguiente, desde Guayaquil hacia Quito, para buscar al hombre en su vivienda, ubicada en San Bartolo, en el sur de la capital, pero no lo encontró. En el sitio, unas vecinas le habrían informado que el día 23 de enero lo vieron libando con unos amigos y desde esa noche ya no lo volvieron a ver.

Con toda esa información y los datos de las cámaras de seguridad, se llegó a la aprehensión de los sospechosos, quienes eran sus compañeros de trabajo. Además, se determinó que desde ese día ellos no se presentaron al trabajo. "Siguiendo las pistas, los investigadores dieron con restos humanos encontrados en el basurero de El Inga, ubicado al nororiente de Quito".

A las partes humanas se les practicaron pruebas de ADN para corroborar la identidad. Este detalle fue fundamental para la reformulación de cargos, de acuerdo a lo detallado, ahora, en el escrito que la Fiscalía emitió el 1 de abril. En este último documento se revela que los procesados habían presentado su renuncia al trabajo un día después de la desaparición de la víctima. Ellos, durante la investigación, se han acogido al silencio.

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