Los comandantes generales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Ecuador votaron este domingo 21 de abril juntos en el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para sacar adelante reformas constitucionales y legislativas que refuercen la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, así como para atraer inversiones y crear empleo.

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Pese a que en Ecuador el voto es opcional para los policías y los militares, los máximos cargos de la Policía, César Zapata, y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, acudieron juntos a emitir sus respectivos votos para un plebiscito donde una buena parte de las once preguntas tienen que ver con las fuerzas estatales.

La principal de ellas es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen de manera permanente a la Policía en sus operaciones contra las bandas del crimen organizado sin necesidad de expedir estados de excepción para ese menester.

Asimismo, los ecuatorianos votan en esta jornada si designan a las Fuerzas Armadas para controlar los accesos a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que vive el país, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales hasta hace pocos meses, cuando Noboa militarizó las cárceles y requisó grandes cantidades armas y explosivos que los presos guardaban en su interior.

Otra cuestión de la consulta popular relacionada con las fuerzas estatales es la creación de un delito específico de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y Fuerzas Armadas. Asimismo, también se ha puesto a elección de los ecuatorianos si el armamento incautado a la delincuencia se destina a equipar a los agentes policiales y militares.

En la misma papeleta hay preguntas para elevar las penas de delitos relacionados con el crimen organizado y para eliminar los beneficios penitenciarios a quienes sean condenados por algunos de estos mismos delitos. También para permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y para facilitar el trámite de expropiación de bienes de origen ilícito.

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Por otro lado, el Gobierno ha propuesto crear un sistema de juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, como una forma de animar la llegada de inversión extranjera; y la legalización de contratos temporales y por horas, con la idea de que esto pueda incentivar la creación de empleo.

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