Siete presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada, aparentemente dedicados a extorsionar a dueños negocios y emprendimientos en la ciudad ecuatoriana de Ambato, fueron llamados a juicio luego de que Fiscalía presentara dictamen acusatorio en su contra.

Una vez concluido el anuncio de prueba, que acompañó al dictamen acusatorio del fiscal del caso, el juez de garantías penales que conoce la causa dictó auto de llamamiento a juicio para Yasser Moisés Z. T., Nicole Carolina P. P., Carlos Andrés T. Ch., Hugo Andrés D. V., Jefferson A. M., Darwin Luis Ch. A. y Steven Joel G. J.

Además, en la audiencia preparatoria de juicio, fue ratificada la prisión preventiva para los procesados por presunta extorsión, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El hecho investigado se registró en mayo pasado, cuando los hoy procesados aparentemente exigieron entre 50 y 100 dólares semanales a tres personas para no atentar contra sus negocios, anota.

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Según la investigación, "una de las víctimas ya había entregado 1.500 dólares, con el fin de que no hicieran daño a su familia", relató el Ministerio Público.

Previamente, los perjudicados habrían puesto en conocimiento de la Policía los hechos por los cuales estaban siendo víctimas, y por ello, el 15 de mayo, cuando una de las afectadas tenía que realizar un pago de 50 dólares, la Fiscalía -en coordinación con Policía Nacional- ejecutó un operativo.

En dicho operativo fueron aprehendidos los presuntos extorsionadores, mientras que el vehículo y la moto en la que se movilizaban fueron incautados.

Los siete procesados serían parte de la organización terrorista "Los Lobos" ya que en su poder se encontraron varios identificativos de este grupo, así como dinero en efectivo, panfletos, cuadernillos con anotaciones de la recaudación de las conocidas como "vacunas", entre otros.

Precisamente, estos elementos levantados en dichos allanamientos, fueron presentados en la audiencia preparatoria, como parte del conjunto de prueba anunciada por Fiscalía.

El delito de extorsión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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