Un grupo de adultos mayores y personas con discapacidad presentó una acción de protección contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Economía y Finanzas para exigir la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) que, aseguran, se les adeuda desde hace meses. Los reclamos, que según los afectados llevan entre siete y once meses represados, contrastan con los plazos legales de verificación que —por normativa interna— fijan entre 60 y 90 días para completar los procesos de devolución.

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La acción ya fue sorteada y quedó en conocimiento de una jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia. El abogado que representa a los demandantes, Jorge Itúrburu Salvador, aseguró que, pese a la presentación de oficios y solicitudes a distintas autoridades, ni el SRI ni el Ministerio de Finanzas han dado una respuesta efectiva. “No estamos pidiendo un regalo. La Constitución, la Ley del Adulto Mayor, la normativa sobre discapacidad y los reglamentos reconocen este derecho. Lo único que exigimos es que se devuelva lo que corresponde por ley”, declaró Itúrburu.

Los firmantes de la acción —ocho hasta ahora y en proceso de sumar más adhesiones— relatan cómo la demora impacta directamente su subsistencia. Juan Castro, uno de los afectados, dijo: “A mí no me han devuelto el IVA desde hace 11 meses y por eso me uní con otros afectados para llevar esto a la justicia. Queremos ser la voz de todos los adultos mayores y personas con discapacidad del país que viven lo mismo”. En términos similares, agregó: “Ese dinero debe estar reservado para nosotros, no para otros fines. Es nuestro derecho porque hemos trabajado a favor del país y tenemos derecho de vivir una vejez en paz”.

Mario Espinoza, de 73 años, ofreció un testimonio sobre la urgencia económica que genera la espera: “Con ese dinero compro las medicinas para mis riñones y para los huesos, porque el IESS no me da los remedios. Cada mes se vuelve más duro”.

¿Por qué se retrasan las devoluciones y quién debe responder?

Las autoridades fiscales han reforzado los controles después de identificar, durante el tercer trimestre de 2024, esquemas irregulares en los que se utilizaba la identidad de adultos mayores o personas con discapacidad para solicitar devoluciones fraudulentas. Ese hallazgo llevó al SRI a aplicar filtros adicionales y a establecer plazos de comprobación de hasta 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad. No obstante, el principal escollo señalado por los demandantes no sería la verificación técnica, sino la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía, requisito previo para que el SRI pueda acreditar los pagos.

La Defensoría del Pueblo ya intervino con un exhorto, alertando sobre la posible vulneración de derechos fundamentales como la dignidad, la seguridad jurídica y el acceso a la reclamación. Para los afectados, se trata de un derecho humano y económico que no admite demora, pues de esos reembolsos dependen sus medicinas y gastos básicos.

El SRI, según los denunciantes, ha indicado además que una vez que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos, los montos se acreditarán de forma inmediata. Desde el inicio de la administración actual hasta mediado de febrero de 2025, el SRI reportó que se han destinado más de 400 millones de dólares para la devolución del IVA a grupos prioritarios; sin embargo, hay reclamos que continúan represados.

¿Qué puede decidir la justicia?

La acción de protección plantea a la jueza determinar si el Ministerio de Finanzas ha incumplido su obligación de asignar fondos y si el SRI ha demorado indebidamente el procesamiento de solicitudes. “El reclamo de los adultos mayores no es (para pedir) un favor. Es un derecho humano y económico que se les devuelva el impuesto que ya pagaron. Ahora la justicia deberá pronunciarse”, subrayó Itúrburu. Los demandantes insisten: “Ni piden favores ni limosnas; reclaman lo que la ley ya les reconoce”.

La resolución que emita la Unidad Judicial marcará si se ordena la liberación de recursos, la agilización de los pagos y si procede alguna medida de reparación por la afectación observada. Mientras tanto, los afectados siguen reuniendo firmas y expectantes ante una decisión que, para ellos, puede representar la diferencia entre acceder a medicamentos y servicios básicos o seguir enfrentando la precariedad económica.

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