En medio de crecientes denuncias por la desvinculación de personal médico en instituciones públicas, el asambleísta Luis Fernando Molina ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un informe detallado sobre los despidos recientes en los sectores de salud y educación. La petición busca esclarecer el alcance de estas medidas y su impacto en los servicios públicos esenciales.

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Despidos preocupan a legisladores y gremios

La solicitud del legislador surge tras conocerse la salida de varios profesionales del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, en Quito. Según la Federación Médica Ecuatoriana (FME), al menos siete médicos fueron desvinculados de este centro, lo que podría comprometer la atención materno-infantil.

Luis Fernando Molina, amparado en sus facultades de fiscalización como miembro de la Asamblea Nacional, expresó su rechazo a este tipo de decisiones. “¡No se puede recortar donde más se necesita! Atentar contra la salud y la educación pública es una decisión política que el país no debe tolerar”, afirmó en su pronunciamiento.

Solicitud de información oficial

El documento enviado a la ministra de Economía, Saritha Belén Moya Angulo, exige información desagregada sobre los funcionarios desvinculados, especificando sus cargos y las razones de su salida. Molina busca determinar si estas medidas se tomaron por criterios técnicos o si responden a decisiones administrativas que atentan contra derechos constitucionales.

Gremios médicos cuestionan la contradicción del Gobierno

El pronunciamiento de la FME también resalta una aparente contradicción en el discurso oficial. El 24 de julio, una vocera del Gobierno aseguró públicamente que “ni médicos ni profesores serán despedidos”. Sin embargo, al día siguiente se conoció la eliminación de partidas presupuestarias en el hospital quiteño.

El gremio médico hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud para revisar el caso, advirtiendo que los despidos ponen en riesgo la atención primaria de la población más vulnerable, especialmente madres y niños.

El legislador Molina insiste en que estas acciones no solo tienen consecuencias administrativas, sino que representan una amenaza directa a los derechos fundamentales de la ciudadanía y puede deteriorar gravemente la calidad de vida de millones de ecuatorianos.

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