La reciente captura de alias “Fito”, uno de los criminales más buscados del país, prófugo desde enero de 2024, constituye un hito relevante en el accionar de las instituciones de seguridad del Estado. De acuerdo con declaraciones oficiales, las autoridades habrían dispuesto de información precisa sobre su paradero desde inicios de 2025. 

Este antecedente, según Katherine Herrera, consultora política en temas de Seguridad Pública y Estado, sumado a la afirmación del Ministro del Interior, John Reimberg, sobre la inminencia de la aprehensión del líder de Los Choneros, permite inferir la existencia de un proceso de inteligencia sostenido que, pese a la interferencia del calendario electoral, logró concretarse con éxito.

¿Qué deben hacer las autoridades?

La experta señala que en un país donde persisten antecedentes de corrupción entre actores estatales y estructuras criminales, es legítimo y pertinente sostener un análisis crítico que descarte cualquier posibilidad de negociación extrainstitucional que condicione el uso de la fuerza pública en función de intereses ajenos a la legalidad democrática.

Ahora bien, Herrera afirma que más allá del impacto simbólico y mediático que representa esta detención, su verdadero valor estratégico reside en la capacidad del Estado ecuatoriano para traducirla en acciones estructurales de fortalecimiento institucional, de lucha contra la captura del Estado y de garantía de justicia penal. 

En este marco, la posible extradición de alias Fito a los Estados Unidos —si bien constituye un instrumento de cooperación judicial internacional— no debe consumarse sin un proceso previo de esclarecimiento y rendición de cuentas en el país de origen. Este proceso debe contemplar, al menos, tres dimensiones críticas:

1. Rendición de cuentas e identificación de redes criminales

Es indispensable que el procesado colabore activamente con el sistema judicial ecuatoriano, aportando información clave sobre la arquitectura operativa de la organización criminal que lideró: métodos de operación, delitos cometidos, rutas del narcotráfico y lavado de activos, así como mecanismos de protección e infiltración institucional. Esta información debe permitir mapear actores, estructuras de apoyo logístico, y redes de complicidad tanto a nivel nacional como transnacional.

2. Reconocimiento de redes de corrupción y cooptación estatal

La captura de alias Fito debe traducirse en una oportunidad para visibilizar la forma en que el crimen organizado ha logrado penetrar estructuras estatales clave, como la administración de justicia, los cuerpos de seguridad y el sistema penitenciario. Para la experta en seguridad, resulta urgente identificar cómo las cárceles han sido convertidas en centros de operación criminal y generar un proceso de depuración institucional que aborde tanto las responsabilidades individuales como las fallas sistémicas que permiten la reproducción de estas dinámicas.

3. Aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio

Además, Herrera enfatiza que para evitar la regeneración de su estructura criminal bajo nuevos liderazgos, es imprescindible incautar todos los bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo aquellos que se encuentren a nombre de terceros o de sus allegados. La afectación patrimonial es una condición esencial para debilitar la capacidad logística de las organizaciones criminales. Esta medida debe acompañarse de vigilancia judicial sobre quienes integraban su círculo financiero y operativo de confianza.

La implementación rigurosa de estas tres acciones, según la analista, no solo permitirá avanzar hacia la reparación integral de las víctimas, sino que también sentará un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalidad organizada y la captura del Estado. 

En este sentido, el Estado ecuatoriano debe condicionar la extradición de alias Fito a una cooperación eficaz con las autoridades nacionales, y asegurar que las penas impuestas en el extranjero sean proporcionales a la magnitud del daño causado, conforme a los principios del derecho penal internacional y del principio de justicia universal.

Una vez cumplidas estas condiciones, y solo entonces, la extradición podrá ser viable desde una perspectiva de soberanía jurídica y de lucha estratégica contra el crimen transnacional.

Finalmente, Herrera explica que este caso debe asumirse como una oportunidad crítica para revisar la gobernanza penitenciaria, la articulación interinstitucional y la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado. 

De no hacerlo, la detención de alias Fito corre el riesgo de convertirse en un episodio más dentro de una estructura criminal que ha demostrado una alta capacidad de adaptación, regeneración y control territorial, afectando gravemente la seguridad interna, la democracia y el Estado de derecho en el Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!