La proliferación de alquileres temporales sin regulación en Quito ha encendido las alarmas entre residentes, administradores y comités de seguridad. Lo que empezó como una alternativa para generar ingresos a través de plataformas digitales como Airbnb, ha evolucionado en un problema grave de seguridad ciudadana, especialmente en sectores como la avenida República de El Salvador, González Suárez y El Batán.

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Ante los reiterados casos de robos, presencia de bandas delictivas y uso ilegal de parqueaderos, la comunidad se ha organizado. Administradores de edificios y dirigentes barriales formaron una red espontánea para compartir experiencias y establecer medidas conjuntas. Según Paola Burbano, presidenta del Comité Promejoras de la av. República de El Salvador y La Carolina, la publicación de una nota en Diario EXTRA fue el detonante: “Nos cayó como anillo al dedo. Estaban pasando por lo mismo, pero no sabían que era un problema compartido ni a quién acudir”, señaló.

Desde entonces, se activó un canal de comunicación con decenas de edificios, donde cada día se suman más testimonios y alertas preocupantes.

¿Qué riesgos generan las rentas temporales sin control?

Los casos que circulan en estos grupos vecinales muestran un patrón inquietante. En uno de ellos, una administradora denunció que alquilaron un parqueadero a personas externas y, tras una intervención policial, se descubrió que los vehículos estacionados eran robados. Episodios similares se han detectado en la av. González Suárez. En El Batán, incluso se alojaron miembros de la banda criminal Los Tiguerones en una vivienda alquilada por días.

Luis Segarra, presidente del Comité de Seguridad de la República de El Salvador, asegura que la situación ha escalado peligrosamente: “Se arriendan sin control a personas externas. Y dentro de esos espacios hemos encontrado armas, droga, municiones e incluso autos robados”.

Según él, 8 de cada 10 arriendos temporales están relacionados con estructuras criminales. El uso de los inmuebles no se limita solo a pernoctar: los delincuentes aprovechan bodegas y parqueaderos para ocultar ilícitos y operar sin levantar sospechas.

Frente a estos hechos, se han realizado ya dos capacitaciones con la Policía Nacional y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), además de preparar una reunión ampliada con más administradores.

¿Qué herramientas legales existen para controlar esta actividad?

Uno de los pocos ejemplos de respuesta regulatoria ha sido el del edificio Iqon, ubicado en la av. De Los Shyris, donde los residentes aprobaron en asamblea interna un reglamento que impone dos restricciones claras:

• Prohibición del uso de áreas comunales por arrendatarios temporales
• Mínimo de 12 días por estadía, con una multa de $ 100 por noche si no se cumple

El reglamento fue impugnado por un grupo de propietarios que realizan arriendos temporales, mediante una acción de protección que llegó a los tribunales. Sin embargo, el juez desestimó la demanda en mayo de 2024, validando el reglamento interno con este argumento:

“No estamos prohibiendo el uso del bien, estamos regulando los espacios comunes, que nos pertenecen a todos”, defendió Luis Bermeo, presidente del edificio.

A pesar del fallo favorable, la sentencia fue apelada. Según el abogado Marcos Ortíz, se trata de una zona gris legal: “En el Ecuador, el único instrumento normativo que tenemos es la resolución del Ministerio de Turismo. Lo que hace o pretende es que se registren los bienes. Si se quisiera restringir completamente la renta temporal, debería existir una ley o una ordenanza municipal que así lo disponga”.

Mientras tanto, en el Concejo Metropolitano no se ha presentado ninguna propuesta formal para regular los alquileres por días en zonas residenciales. Consultada al respecto, la edil Estefanía Grunauer —presidenta de la Comisión de Seguridad— no respondió hasta el cierre de esta nota.

Vecinos proponen soluciones ante la ausencia de regulación

La falta de control ha motivado a la comunidad a proponer una serie de medidas urgentes para frenar el deterioro de la seguridad:

• Establecer normativas internas que exijan estadías mínimas y restrinjan el uso de áreas comunales
• Notificar a la administración del edificio cualquier arriendo temporal
• Prohibir el alquiler informal de parqueaderos y bodegas a personas no residentes
• Requerir el registro oficial ante el Ministerio de Turismo para toda actividad comercial temporal
• Impulsar una ordenanza municipal que distinga entre inmuebles de uso turístico y residencial

Vecinos insisten en que no se oponen al negocio de las rentas cortas, pero exigen regulación clara. “No se puede tratar igual un edificio residencial que uno turístico. Donde viven niños, adultos mayores, oficinistas… se vuelve un espacio vulnerable”, advierte Burbano.

El crecimiento sin freno de los alquileres por días, la impunidad con la que operan estructuras delictivas y la falta de voluntad política podrían convertir esta práctica informal en una amenaza sostenida para la convivencia urbana de Quito.

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