El informe elaborado por el equipo técnico de la presidencia de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no seguir con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, no tuvo este 6 de mayo de 2023 los votos suficientes para su aprobación.

Los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdoba; el socialcristiano Pablo Muentes y el independiente Bruno Segovia votaron en contra del documento, al considerar que hay pruebas suficientes de que el mandatario cometió peculado.

En tanto que, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio; la oficialista Ana Belén Cordero y los legisladores Pedro Velasco y Marco Troya le dijeron sí al informe, porque creen que los proponentes del juicio no aportaron una sola prueba que demuestre la responsabilidad de Lasso.

Contrario a lo que se esperaba, la sesión de la mesa de Fiscalización se desarrolló con relativa calma. La lectura del informe, de más de 250 páginas, tomó cerca de cuatro horas, aunque se leyó desde la hoja 97, en la que iniciaba la práctica de pruebas documentales. 

Luego vino el debate en el que los legisladores de oposición defendieron su postura de que el juicio político debe continuar, porque todo estaba probado, y que se incluyan sus observaciones en el informe de la comisión, algo que no sucedió. 

Cordero mocionó la aprobación del documento tal como quedó estructurado, es decir, recomendando que no prosiga en el pleno de la Asamblea el trámite de Fiscalización, que podría terminar con la censura y destitución del mandatario.

Lo que se prevé es que Villavicencio remita el informe sobre el documento que no fue aprobado en la mesa de Fiscalización al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para que lo ponga en conocimiento del pleno del organismo.

Sin embargo, la asambleísta correísta y una de las proponentes del juicio político, Viviana Veloz, dijo que no cabe que Villavicencio envíe un informe que no ha sido aprobado y, por lo tanto, no tiene validez

.De acuerdo a la legisladora, lo que corresponde es que Saquicela active el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que el juicio político prosiga en el pleno y sean los 137 asambleístas los que decidan el futuro del presidente.