La Asamblea Nacional retoma este 10 de junio el debate definitivo sobre la controvertida Ley Orgánica de Inteligencia. Luego de varios cuestionamientos en su segundo debate, la normativa regresa al Pleno con pocas modificaciones, en medio de críticas desde distintas bancadas por su contenido y alcances.

Entre los puntos más discutidos se encuentran disposiciones que permitirían el acceso a comunicaciones privadas por parte del sistema de inteligencia, lo que ha generado inquietudes por posibles vulneraciones a derechos constitucionales, en particular al de la privacidad.

Críticas a la propuesta 

Paola Cabezas, legisladora por la bancada RC5, expresó públicamente su rechazo al proyecto, al que calificó como una norma que esconde un propósito de espionaje bajo el nombre de inteligencia. A través de sus redes sociales, cuestionó que la propuesta permitiría interceptar llamadas y correos electrónicos sin necesidad de una orden judicial.

“El artículo 52 de esta ley permitiría la interceptación y recepción de comunicaciones sin orden judicial, solo con autorización del director de inteligencia”, declaró. Para la asambleísta, esto implicaría entregar un poder excesivo a una autoridad que, sin control judicial, podría decidir a quién interceptar, contraviniendo el artículo 66 numeral 21 de la Constitución que protege la privacidad.

Cabezas insistió en que los mecanismos de interceptación deben ser autorizados exclusivamente por jueces, y no por autoridades administrativas. “No estamos diciendo que no se intercepten llamadas, pero tiene que pedirlo un juez. Eso lo dice la ley. No puede ser a discrecionalidad del director de inteligencia”, afirmó.

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La asambleísta indicó que la intimidad está protegida constitucionalmente, y que el proyecto, tal como está redactado, abre la puerta a un modelo de vigilancia sin las garantías necesarias. “No vivimos en dictadura”, dijo, al advertir que la normativa podría violar derechos fundamentales si se aprueba sin las correcciones debidas.

Discusión legislativa

La discusión legislativa de esta normativa se reactivó luego de que, el pasado 7 de junio, la Comisión de Seguridad (presidida por la oficialista Inés Alarcón) aprobara el informe final. Pese a los reparos expresados durante el segundo debate iniciado el 3 de junio, la mayoría oficialista en la comisión decidió mantener el texto sin modificaciones de fondo, salvo una observación relacionada con el apoyo internacional.

Uno de los artículos más debatidos es el 51, que establece la obligación de las operadoras telefónicas de entregar información a las entidades de inteligencia, bajo una solicitud justificada. El oficialismo, representado en la comisión por figuras como Andrés Castillo (ADN), defendió que esto se aplicará únicamente en el marco de operaciones legales contra el crimen, asegurando que la información no será usada para otros fines.

La jornada legislativa de este 10 de junio incluye tres sesiones, siendo la primera dedicada a esta discusión. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Pleno tras recibir el informe final de la comisión. La falta de consenso entre bloques y las acusaciones cruzadas anticipan un debate tenso.

Aunque el oficialismo buscará aprobar la ley en esta sesión, la presión política y social se ha intensificado. Diversos sectores exigen un mayor análisis de las implicaciones legales y constitucionales del texto antes de su votación final.

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