Paula Llanos, de 83 años, se cansó de esperar a un conductor de taxirruta de Durán. En las calles Luis Urdaneta y Pedro Moncayo, centro de Guayaquil, armó su propio grupo de usuarios y se movilizaron a su cantón. La octogenaria reclamó que no hay muchos carros porque los conductores “les están jugando a la cuca” a los agentes de tránsito.

“No vamos a coger la aerovía. El pueblo no puede pagar las consecuencias de las malas inversiones del gobierno de Guayaquil”, manifestó Marcela Bohórquez, de 29 años, quien lleva más de una década utilizando este tipo de servicio, el cual le parece conveniente por tiempo y dinero.

La duraneña no está de acuerdo con la resolución tomada por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), entidad que señala que el retiro de taxirrutas responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, que prohibe de manera expresa la ejecución de ese servicio.

La ATM también informó que las cooperativas fueron advertidas y que todo método de transporte que no sea legal será retirado.

Edison Pico, presidente de la compañía Serecar, aseguró que no han recibido alguna notificación al respecto; y que se están reuniendo con las otras cooperativas de Durán y Guayaquil para ver qué acciones toman.

“Pensamos hacer una marcha pacífica o plantón. Nadie nos abre las puertas ni la Alcaldía de Durán ni la de Guayaquil. Ya tenemos diez compañeros detenidos. Cada día se debe pagar en el canchón de Los Vergeles 6 dólares y para retirar el auto hay que pagar dos salarios básicos. Estamos impugnando porque el artículo está mal estipulado, porque nos están poniendo como si fuéramos carros particulares y somos amarillos”, indicó Pico.

El conductor de la cooperativa Durán, Samuel Coro, dijo que esta acción afecta a sus familias, pues viven del día a día. “Nos persiguen como delincuentes y somos gente honesta”.