A dos de los detenidos por el secuestro y extorsión a un padre y a su hijo no solo los unen sus lazos de sangre, sino el hecho de que ambos registran antecedentes penales por robo y porte de armas de fuego.

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Estos sujetos y otras seis personas (tres de ellas mujeres) fueron capturados la tarde del miércoles en el cantón Durán. Ellos serían los responsables del rapto de Iván Federico Plúas Ávila, de 58 años, y su hijo Iván Andrés Plúas Narea, de 21, ocurrido el pasado 2 de septiembre.

Los delincuentes exigían 100 mil dólares a sus familiares por devolverlos con vida. Cuando los agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) llegaron a liberarlos se toparon con que en el inmueble tenían en cautiverio a otro ciudadano, Manuel Coca Villegas, de 60 años, por quien ya habían obtenido dinero.

“Este señor fue secuestrado el 31 de agosto. Sus familiares ya habían cancelado 20 mil dólares, pero le pedían 30 mil más”, explicó un agente de la Policía.

Otra fuente policial reveló que los detenidos serían parte de la organización criminal Chone Killers. Sus nombres son Gabriel Stalin Torres Ramírez (quien fue aprehendido el pasado 19 de agosto por el mismo delito, secuestro), Bryan Israel, Jonathan Alejandro Muñoz Chilán, Jhon Sornoza Guerrero, Christian López Cortez, Lisbeth Parrales España, Anabel Villón Barzola y Marlene Chilán. 

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó los elementos de convicción recaudados en la presente investigación. Entre ellos, el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, la denuncia presentada por un familiar de las víctimas y el informe de los indicios, en el que consta el vehículo donde realizaron los secuestros, teléfonos celulares, entre otros.

La Jueza de Garantías Penales de turno en Flagrancia acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra de los ocho sospechosos.

Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 162, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de secuestro extorsivo con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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