Cuando por fin se realizó la audiencia de formulación de cargos por presunto acoso sexual, Cristina Álvarez sintió alivio, pues creyó que la justicia llegaba para ella.

Ahora, a 48 horas de que se venza la instrucción fiscal de 60 días, se siente impotente porque las pericias para buscar pruebas en contra del implicado no se han realizado, según relata.

“Voy en esto tres años y ocho meses. Es desgastante”, comenta a EXTRA.

La mujer, de 47 años, denunció penalmente en junio de 2018 a uno de sus profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador por acoso.

Quiso sentar un precedente, sobre todo porque cuando su caso se hizo público le llegaron decenas de testimonios de otras mujeres que habrían sido también víctimas de ese y otros maestros.

“Me quedé asombrada porque estas prácticas han sido normalizadas”, agrega.

Según el abogado Stalin Raza, Cristina se ha quedado en la indefensión y el caso estaría a punto de perderse por falta de celeridad en la Fiscalía. “Se va a quedar en la impunidad”.

Por ello envió una carta a Diana Salazar, fiscal general del Estado, para que se cambie a la funcionaria a cargo del caso.

La universidad emitió en 2018 un comunicado en el que informaba que el maestro fue destituido por decisión unánime del Consejo Universitario. Pero ella exige que las sanciones sean mayores para que “esto no se repita con otras mujeres”.

Para sostener los gastos del proceso judicial, que asciende a los 10.000 dólares, Cristina y sus allegados realizarán una rifa, con artículos donados por colectivos feministas.

Este es el primer caso de acoso en las aulas que llega hasta estas instancias judiciales y ha ayudado a aplicar protocolos contra el acoso en la Universidad Central y otras.