Las declaraciones de Érick Huilca, abogado defensor de Freddy Jara, director de la Escuela Superior de Policía y que fue destituido por el caso de María Belén Bernal, han tenido eco.

Según el jurisconsulto, Germán Cáceres, principal sospechoso de la abogada, fue alertado por la Fiscalía al detallarle, mediante un correo electrónico, que sobre él pesaba una orden de vigilancia. Algo que habría propiciado su fuga, luego del 11 de septiembre, cuando la mujer desapareció y 10 días después se la localizó sin vida, en el cerro Casitagua, norte de la capital.

Ante esto, el Ministerio Público se defendió a través de un comunicado. Allí se detalla cuál fue el procedimiento que ejecutó una vez que Cáceres puso la denuncia por la desaparición de la víctima.

Para Jesús López, uno de los abogados de la familia de Bernal, lo que se dice en el documento es verídico. “La Fiscalía no tuvo los elementos de convicción suficientes para detener al señor Cáceres, pero porque no se los entregaron”.

Según el representante legal, fue la Policía la que propició que el sospechoso se fugara porque los uniformados hallaron indicios como máculas de sangre en el cuarto donde ocurrió la muerte y no se dieron a conocer a tiempo.

“Por ello, cuando Cáceres quedó retenido, él no era considerado como sospechoso. Fue después que se lo categorizó de esa manera, pero cuando ya no se encontraba en el país”, acotó López.

Pero para Washington Pesántez, exfiscal general del Estado, el Ministerio Público sí debió actuar de una manera lógica.

“Hubo una primera retención de ocho horas, tiempo suficiente para que la Fiscalía pidiera a un juez que se ordenara la detención por 24 horas del sospechoso”, relató Pesántez. Esto habría permitido recabar las evidencias halladas en el caso y se habría ordenado la prisión preventiva de Cáceres, con lo que se evitaba su fuga.