Un caso de presunta corrupción policial sacudió al cantón Cayambe, al norte de Quito. Un sargento primero de la Policía Nacional y una mujer que se hizo pasar por abogada, fueron detenidos en delito flagrante el pasado 6 de junio de 2025 tras exigir dinero a cambio de la devolución de una motocicleta, que según la víctima, había sido retenida irregularmente días atrás. Ahora son procesados por la justicia de ese cantón. 

El uniformado le habría solicitado telefónicamente a una joven de 24 años la suma de 500 dólares para “agilitar” el trámite de devolución del vehículo. Al no contar con ese dinero, la víctima fue contactada más tarde por la presunta abogada quien le ofreció resolver el trámite por 200 dólares. La cita quedó pactada para la tarde del mismo día, en los exteriores de la Jefatura de Tránsito de Cayambe.

Así capturaron a los sospechosos de concusión

Temiendo ser estafada, la joven denunció el hecho y solicitó acompañamiento policial. Los agentes llegaron antes de la hora pactada y presenciaron cómo los ahora procesados llegaron en un vehículo negro. La mujer detenida bajó la ventana del auto para recibir un sobre amarillo con el dinero, momento en el que los policías intervinieron y capturaron a ambos en flagrancia.

Durante el operativo se incautaron tres celulares, cinco chips telefónicos y el sobre con el dinero. Además, al sargento se le retiró su arma de dotación. La Fiscalía formuló cargos por el delito de concusión y solicitó prisión preventiva para el uniformado, medida que fue aceptada por el juez. En el caso de la mujer se dictaron presentaciones periódicas.

Este intento de cobro ilegal se remonta a un operativo realizado la noche del 31 de mayo, cuando el conviviente de la víctima fue detenido por policías al no portar los documentos de la moto. Según la denuncia, los agentes habrían intentado extorsionarlo también en ese momento, solicitando 500 dólares a cambio de evitar sanciones. 

¿Más policías involucrados?

Al no recibir el dinero, se llevaron la motocicleta con la promesa de devolverla al día siguiente. Sin embargo, cuando los agentes aprehensores ingresaron a la Jefatura de Tránsito para investigar, descubrieron que la motocicleta no constaba en el libro de ingresos del 31 de mayo. 

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Tras una inspección más minuciosa, encontraron el vehículo oculto en la parte posterior de las instalaciones. La instrucción fiscal de este caso durará 30 días, mientras se amplían las investigaciones y se determina si los sospechosos serían parte de una red delictiva dedicada a este tipo de actos. 

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