Es una sucursal de la Penitenciaría, dice el abogado penalista Julio César Cueva, experto en seguridad carcelaria, sobre el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Guayaquil. 

El especialista explica que lo mismo que sucede en los centros de adultos (masacres), podría suceder en el CAI, debido a que las organizaciones están utilizando a los menores de edad para delinquir. 

“Los que están recluidos en los centros de menores podrían ser los futuros sicarios o microtraficantes”, asegura el jurista, frente al asesinato de un adolescente durante la mañana del sábado 9. 

Cueva incluye que, de ser ese el caso, lo más probable es que las muertes de “esa magnitud” sean más frecuentes porque hay menores buscan llamar la atención de los líderes de las bandas a las que pertenecen. “No van a escoger al más bondadoso. Entonces, para ascender, deben ser más crueles”, explica. 

Por ello propone medidas más simples para evitar escenas violentas como las del Centro de Rehabilitación N.º 1 de Guayaquil: no juntarlos si pertenecen a grupos contrarios. 

Mientras que el catedrático Efrén Guerrero, docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, afirma que el Servicio Nacional Atención Integral a Adolescentes Infractores (SNAI) debe poner en marcha un “tratamiento distinto” debido a que son parte de los grupos de atención prioritaria. 

“El problema es que el crimen organizado no tiene en cuenta que los adolescentes se incluyen en este grupo”, sentencia Efrén. 

Guerrero plantea que el organismo encargado (SNAI) y los otros entes relacionados a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley deberían ser cuestionados, para verificar si realmente han cumplido su trabajo. 

Este abogado compara el caso de Ecuador con el de El Salvador. “No es correcto crear un mecanismo de judicialización máxima de los menores. Como lo que sucede en el país centroamericano con la comida para los PPL”. 

“Hay que ser muy claros en el tema de procedimientos”, finaliza el experto. 

Por otro lado, el abogado John Román, director del CAI, no ha rendido ninguna versión sobre las medidas. “Dice que no puede expresarse sobre el tema” comunicó uno de los oficiales a su cargo.