El presidente Daniel Noboa presentó el 5 de agosto de 2025 las siete preguntas que busca someter a Consulta Popular. Los temas propuestos abarcan reformas políticas, laborales y de seguridad, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la autorización para bases militares extranjeras y la contratación laboral por horas en el sector turístico.

¿Cuándo será la Consulta Popular?

Antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas, las preguntas deben pasar por un proceso legal obligatorio que involucra dos instituciones: la Corte Constitucional (CC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin su aprobación, la votación no puede convocarse.

La Corte Constitucional es el primer y único filtro que debe superar la propuesta presidencial. Este organismo tiene un plazo máximo de 20 días para emitir un dictamen de constitucionalidad sobre cada pregunta. Si alguna no cumple los parámetros legales o contradice la Carta Magna, la Corte puede devolverla o rechazarla. Solo las que obtengan dictamen favorable podrán avanzar.

Una vez que la Corte apruebe las preguntas, el Consejo Nacional Electoral será el encargado de convocar oficialmente a la consulta popular. El CNE tendrá un plazo de hasta 45 días para organizar el proceso electoral, definir la papeleta, establecer el calendario y garantizar la logística de la jornada.

El Gobierno ha planteado como fecha tentativa el domingo 14 de diciembre de 2025 para la votación. Sin embargo, esa fecha aún no es definitiva: depende de que la Corte Constitucional califique las preguntas y de que el CNE convoque en los tiempos previstos por la ley.

La segunda Consulta Popular de este Gobierno

Esta consulta popular sería la segunda que impulsa Daniel Noboa durante su gobierno. La primera, realizada en abril de 2024, se centró en temas de seguridad y recibió un amplio respaldo ciudadano. En esta nueva ocasión, las preguntas podrían redefinir la estructura del Estado y el rol de instituciones clave, así como introducir cambios polémicos en materia laboral y de soberanía.

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