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¡Mantener a un burócrata cuesta lo mismo que darle el bono a 700 personas!
Secretario general de la Presidencia advierte que el costo anual de cada jerárquico superior innecesario es altísimo para el país. Se insistirá en plan de recorte de las áreas innecesarias.
La ayuda que entrega el Estado a través de bonos tiene sus condicionamientos para los beneficiarios, que deben tratar de ser más productivos.
La necesidad de recortar el tamaño del Estado es urgente. Y hoy son las propias cifras oficiales la que revelan que la burocracia le está costando mucho al país. Tanto, que se insiste en eliminar puestos, direcciones zonales y otra áreas que lo que hacen es hacer al Estado más ‘obeso’.
Lo admitió hoy, 4 de julio de 2019, el secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones. En una comparecencia en la Asamblea Nacional, el funcionario aseguró que en las unidades zonales de ministerios y secretarías se duplican funciones entre los burócratas del nivel jerárquico superior. Y lo peor es esto: “El costo anual de cada jerárquico superior innecesario representa 700 beneficiarios adicionales al Bono de Desarrollo Humano”, reconoció el secretario del presidente Lenín Moreno.
Briones acudió a la Asamblea para justificar el documento firmado el 24 de junio, cuando se emitió el Acuerdo Interministerial de los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) que busca reestructurar las sedes del Ejecutivo en ciudades fuera de Quito.
La eliminación de direcciones zonales y regionales por oficinas técnicas y puntos multicantonales también ayudará, a decir del funcionario, a brindar servicios más oportunos con menos tramitología para los ciudadanos. Ante la Asamblea, el secretario dijo que no se trata de centralizar al Estado.
“Optimizar las estructuras institucionales duplicadas en territorio, únicamente en procesos administrativos, de asesoría
y apoyo. No estamos suprimiendo maestros, médicos o policías”, destacó. El proceso de reestructuración del Ejecutivo no será inmediato. Tomará 45 días para poner la normativa vigente y “120 días para analizar caso por caso y eliminar la duplicidad de funciones”.
En los casos de despidos y eliminación de puestos de trabajo, el Gobierno asegura que se mantendrán todos los derechos laborales para la liquidación y remuneración justas.