Por tercera vez, la justicia ecuatoriana convoca a una audiencia clave en uno de los casos más mediáticos de lavado de activos en el país. Entre los procesados figura Eunice Nicole Contreras Do Carmo, conocida por su pasada participación en el canal Enchufe TV y el programa No-Noticias, y hoy investigada por su rol en una presunta red delictiva relacionada con la academia privada ADN Escuela de Negocios.

La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio ha sido fijada para que se desarrolle desde el 19 al 24 de agosto de 2025, desde las 09:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Esta diligencia buscará determinar si existen méritos suficientes para llevar a juicio a los implicados, entre ellos Contreras y varias personas naturales y jurídicas vinculadas a la presunta estructura financiera.

Los detalles del caso de Nicole Contreras y AND Escuela de Negocios

El caso, que ha captado la atención pública desde 2024, gira en torno a la supuesta captación masiva de fondos bajo el disfraz de cursos de trading y negocios bursátiles. La Fiscalía investiga movimientos por más de 24 millones de dólares que habrían circulado entre al menos nueve empresas vinculadas directa o indirectamente a ADN Escuela de Negocios.

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En el decreto judicial, firmado por el juez Vicente Hidalgo, se detallan las condiciones del llamado a audiencia, incluyendo la posibilidad de comparecencia telemática a través de la plataforma Zoom. También se incorporan oficios de entidades como la Unidad de Análisis Económico y Financiero y solicitudes de defensa de los procesados.

Lista de investigados en caso de lavado de activos

La lista de investigados incluye a Contreras y otras personas naturales como José Alfredo Franco Durán, Liliana Figueroa Quevedo, Michael Ormaza Anchundia, Juan Carlos Proaño Guerrero, entre otros, además de un grupo de compañías, entre ellas ALANI-T S.A.S, BLUE SERVICES INVTECH, DIGITAL SERVICES VVS.A.S, JP INTES S.A.S, JOHMA HOLDING S.A.S, e incluso la propia ADN – Entrepreneurs Trading and Business School.

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El proceso ha sufrido ya dos diferimientos, pero esta nueva convocatoria se basa en normas específicas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluida la sentencia 9-22-IN/22 de la Corte Constitucional, que busca garantizar el acceso a la justicia sin barreras geográficas.

Se ha conocido que la defensa de algunos de los imputados ha insistido en la presunción de inocencia. Sin embargo, el expediente sigue avanzando y el caso podría avanzar a juicio formal si la Fiscalía logra sustentar la existencia de una red estructurada para el blanqueo de capitales.

La comparecencia de Contreras y los demás investigados en agosto sería crucial. De encontrarse suficientes elementos probatorios, este proceso podría abrir la puerta a penas de hasta 13 años de prisión, conforme a lo establecido en el artículo 317 del COIP.

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