Los detractores de Fernando Villavicencio lo llamaban, de forma despectiva, el denunciólogo, porque como periodista y activista político constantemente realizaba acusaciones relacionadas con actos de corrupción y crimen organizado.

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Don Villa fue asesinado el pasado 9 de agosto luego de un mitin que hacía parte de su carrera a la Presidencia de la República y tres meses después de su muerte, una de las personas a las que expuso públicamente por supuesto gasto electoral recibió una sanción de parte de la Corte Constitucional, no por ese motivo, pero sí por la presunta posesión de bienes en paraísos fiscales.

Se trata de Ángela Plúa Santillán, la alcaldesa del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, quien sigue en cargo, aunque la Corte validó la decisión de la Contraloría General del Estado, porque la ley prohíbe que personas con capitales en paraísos fiscales ocupen cargos públicos. 

Este tipo de denuncias e investigaciones son las que la fundación Fernando Vive, dirigida por las hijas del extinto candidato presidencial, Amanda y Tamia, buscan impulsar. En el portal oficial de esta organización se ofrece apoyo para llevar a cabo trabajos de periodismo investigativo, que ayuden a evidenciar delitos que se cometen en el país.

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Sin embargo, no es lo único que se ofrece, porque se ha anunciado también que de ser necesario se brindará refugio a víctimas y sobrevivientes del crimen organizado, además de apoyo legal y psicológico. 

En la descripción de la fundación se reitera que su objetivo principal es disminuir el crimen organizado, pero también se precisa que no solo se trata de una organización, sino de un tributo vivo a la memoria de don Villa.

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