Todo luce “tranquilo y normal”, dicen los militares ecuatorianos, quienes desde un quiosco de madera piden la cédula de ciudadanía y revisan mochilas, bolsos y demás cargas de los transeúntes que, apresurados, cruzan de Colombia a Ecuador y viceversa por el puente sobre el río Mataje.

“La gente puede pasar, pero está prohibido el comercio y la circulación vehicular”, comenta uno de los soldados, el mismo que pocos minutos después hace detener una camioneta llena de carga, la revisa, pide documentos al conductor y le hace algunas preguntas, para luego cederle el paso por el puente, bloqueado con pequeñas barricadas que se pueden sortear. “Es que hay carros a los que sí dejamos pasar porque son conocidos, siempre van y vienen y son de esta misma zona”, se justifica ante EXTRA el uniformado.

En ese paso fronterizo cruzan en promedio 500 personas al día, a quienes no se les exige presentar sus antecedentes penales. “Eso le corresponde a la Policía. Ayer vinieron y en un par de horas hicieron ese trabajo. Desde entonces no han venido”, aseguran los militares.

Del lado colombiano, cuatro soldados en el otro extremo del viaducto, de 68 metros de longitud, realizan el mismo trabajo y a las mismas personas. Ellos reafirman que “todo está tranquilo y controlado”, pero el ambiente se siente tenso y hay menos trabajo para quienes viven de la fluidez de los usuarios del puente.

“Sí se tiene un poco de temor porque sabemos todo lo que está viviendo Ecuador, pero esperemos que no nos afecte”, dice el colombiano Pedro Cifuente, quien ingresa con dos de sus familiares desde Tumaco. “Antecedentes no, solo nos pidieron la cédula para registrarnos”.

El presidente Daniel Noboa declaró el 9 de enero la existencia de un conflicto armado interno y a la vez un estado de excepción, para mitigar las oleadas de violencia. Entre sus disposiciones, dispuso el patrullaje constante de militares en calles y barrios para aprehender a terroristas. Un trabajo que ha dejado hasta el momento más de 2.300 detenidos.

Y para aumentar el control en los pasos fronterizos tanto de Colombia como de Perú, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior con el Acuerdo Ministerial # 007, exige desde el 11 de enero los antecedentes penales a todos los extranjeros que ingresen al país. Esto, para evitar la filtración de más delincuentes y armamento ilegal al territorio nacional.

No han recibido disposición

Hasta el cierre de esta edición, la Policía que controla esa zona norte de Esmeraldas no respondió por qué no se exige presentar los antecedentes penales a cada transeúnte del puente. No obstante, desde el Departamento de las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ejército, que está a cargo del control de actividades ilícitas en la provincia de Esmeraldas, señalan que los militares no exigen los antecedentes en ese punto fronterizo porque “no han recibido esa disposición”, ya que el paso sobre el río Mataje, si bien es reconocido, “aún no está oficializado y eso es de conocimiento público, por lo tanto por ahí no pueden pasar vehículos”.

Sin embargo, ese departamento militar, a través de un vocero, dice que se ha reforzado el trabajo en la frontera, tanto en Mataje (provincia de Esmeraldas) como en Tobar Donoso (provincia de Carchi). “Hemos reforzado todo el límite político internacional”, afirma.

Específicamente en la zona de San Lorenzo, cantón al que pertenece la comunidad de Mataje, el vocero señala que han sido reforzados con personal militar y con vehículos los 14 pasos fronterizos no autorizados entre Colombia y Ecuador en esa parte del país, conocidos como trochas.

Un control que lo reafirma el teniente coronel Pablo Ramírez, jefe de las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ejército en San Lorenzo. “El trabajo se ha mantenido y se ha reforzado en los pasos ilegales donde se puede presumir que exista algo ilegal”, sostiene.

Hasta el momento, durante este refuerzo, no se han registrado casos de traslado de contrabando, según Ramírez. Además, enfatiza que los militares sobre el puente internacional de Mataje verifican que no haya indicios del ingreso de municiones y explosivos.

“No hemos tenido novedad, pero sí necesitamos la colaboración de la ciudadanía, para que nos permita hacer nuestro trabajo, porque siempre hay el rechazo de su parte de que todo el tiempo les estemos revisando los vehículos”, pide.

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