El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este 13 de julio que el Gobierno del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, ofrece una recompensa de USD 100.000 a quien proporcione información certera sobre el paradero del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien enfrenta una denuncia por el delito de violación contra una menor de edad. 

El mensaje fue publicado en el perfil de la red social X del ministro junto con un afiche de “Se Busca” con la imagen del legislador. 

Santiago Díaz, exmilitante del movimiento Revolución Ciudadana, fue denunciado el 7 de julio por el padre de una niña que afirma que le agredieron sexualmente a la menor de edad. La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Quito, y el caso se mantiene en investigación. Se ha confirmado que Díaz ya tiene la calidad de investigado formalmente, lo que implica que puede ser llamado a rendir versión y afrontar medidas judiciales.

Díaz habría solicitado licencia en la Asamblea Nacional el mismo día que estalló públicamente la denuncia. En su pedido, no especificó motivos personales ni de salud, y desde entonces su paradero es desconocido. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó la licencia y el proceso penal continúa y ha generado fuerte presión mediática y política.

El caso ha generado conmoción, no solo por la gravedad del delito, sino por tratarse de un legislador en funciones. La Revolución Ciudadana, movimiento al que pertenecía Díaz, separó al funcionario de su partido político y lo informaron mediante un comunicado, mientras colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia, debido proceso y respaldo a la víctima.

¿A dónde se pueden comunicar para denunciar?

Con el anuncio del Ministerio del Interior, se activa una alerta nacional que busca localizar y detener a Díaz, quien podría enfrentar una pena de hasta 22 años de cárcel, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), si se comprueba su responsabilidad. Las autoridades han habilitado dos líneas para recibir información: el 1800-DELITO (335486) y el 131, garantizando total confidencialidad.

Este caso se suma a otros episodios recientes que han puesto en entredicho la conducta de varios miembros del Legislativo, sobre todo, de la bancada de la Revolución Ciudadana. La Asamblea enfrenta una nueva ola de cuestionamientos sobre el control político, la ética de sus integrantes y la respuesta institucional frente a presuntos delitos cometidos por funcionarios en funciones.

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