El dolor de Lucía se mezcla con rabia. Ella perdió a su hijo Jefferson Quiñónez en la última masacre de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Hablar le cuesta, lo poco que dice es contra el Gobierno.

“El presidente de fiesta con los gringos, mientras la gente moría en las cárceles. Mi hijo fue preso por atropellar accidentalmente a alguien, tenía una semana como chofer en un depósito de madera y en ese tiempo pasó esa desgracia”, cuenta.

Lo que más la lastima es no haberse despedido de él, pues hace unos días le habían robado el celular. Él estaba en el área transitoria del centro carcelario.

Su queja es hacia este régimen y el anterior. “Por la inseguridad también perdí a otra hija, ella murió por ser víctima de robo, fue hace dos años. Las autoridades dicen que todo está controlado, pero nadie puede estar seguro en las calles, cárceles, casas ni en velorios”, finaliza.

La mujer no tiene el valor para entrar a las instalaciones del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, tampoco para hacer los trámites de recuperación del cuerpo, espera afuera con otros deudos, mientras su hija mayor se encarga de los papeleos.

Juan Sánchez tuvo que hacerse cargo de los trámites del reconocimiento del cadáver de su sobrino, quien estuvo siete meses en cárcel, no revela el delito, pues dice que ya no tiene caso mencionarlo, pues ya está muerto. 

"Su madre es adulta mayor, es hipertensa, la tenemos con calmantes y no puede hacerse cargo de este tipo de asuntos. Ella no puede con tanto dolor. Solo sabemos que él fue uno de los primeros reos que asesinaron", asevera el hombre de 60 años. 

Luis, de Quevedo, está indignado, dice que a él y a su familia lo cargan como la pelota, lo mandan de un lado al otro dentro de la morgue policial. "Nosotros no somos de aquí y que se demore mucho todo el proceso de reconocimiento de cuerpos para nosotros implica dinero, que no tenemos, por eso quisiéramos que alguna autoridad nos ayude con el orden de este sitio", concluye el septuagenario.